Escrito Por: Margarita Cedeño
La seguridad ciudadana comienza cuando un niño encuentra una escuela que lo acoge, una familia dispone de oportunidades y un joven descubre que su futuro no está determinado por el lugar donde nació. Durante demasiado tiempo hemos abordado la delincuencia principalmente desde sus consecuencias. Patrullaje, persecución penal, cárceles y sanciones. Son respuestas necesarias, pero insuficientes si no atendemos también las circunstancias que favorecen la violencia, la exclusión y la ruptura del vínculo social.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reconoce que la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades son factores relevantes para diseñar estrategias preventivas. La seguridad, por tanto, también empieza en el abordaje de las causas estructurales. Pero debemos evitar una asociación injusta y peligrosa. Pobreza no significa delincuencia. La inmensa mayoría de las personas en situación de vulnerabilidad trabaja honestamente, cuida a sus familias y enfrenta sus dificultades con dignidad.
La criminalidad responde a múltiples factores y precisamente por esa complejidad, necesitamos políticas integrales. En República Dominicana, la pobreza monetaria descendió del 19 % en 2024 al 17.3 % en 2025, según cifras oficiales. Mientras tanto, el país registró 951 homicidios intencionales durante 2025, equivalentes a una tasa de 8.7 por cada 100,000 habitantes. Estas estadísticas no establecen una relación causal entre pobreza y criminalidad. Nos recuerdan, sin embargo, que el bienestar social y la seguridad ciudadana no pueden discutirse como agendas separadas.
La protección social puede contribuir a esa tarea cuando trasciende la transferencia económica y se convierte en una plataforma de desarrollo humano. Una familia que recibe acompañamiento para garantizar la permanencia escolar de sus hijos, acceder a servicios de salud, desarrollar capacidades productivas y mejorar sus ingresos dispone de mayores herramientas para enfrentar situaciones de vulnerabilidad. La evidencia internacional respalda determinadas intervenciones. Una revisión de la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial, basada en 228 estudios de 62 países, encontró que los programas de empleo juvenil bien diseñados pueden mejorar las oportunidades laborales y los ingresos, especialmente entre jóvenes desfavorecidos.
Aunque esos resultados no demuestran automáticamente una reducción de la delincuencia, sí confirman algo importante. Ampliar alternativas económicas es parte esencial de cualquier estrategia seria de prevención. La prevención exige intervenir antes de que los riesgos se conviertan en tragedias. Necesitamos fortalecer las políticas de primera infancia, prevenir la deserción escolar, acompañar a las familias y ofrecer formación técnica vinculada con oportunidades reales de empleo.
También debemos recuperar los espacios comunitarios. Una cancha iluminada, una biblioteca activa, una escuela abierta después del horario regular o un centro comunitario con actividades culturales pueden convertirse en espacios de encuentro, protección y esperanza.
Propongo avanzar hacia un modelo territorial de protección social y prevención de la violencia, articulado alrededor la identificación temprana de adolescentes en riesgo de exclusión, el acompañamiento familiar, la formación para el empleo, la recuperación de espacios comunitarios y la coordinación efectiva entre las instituciones sociales, educativas, laborales y de seguridad.
Cada territorio debe contar con un diagnóstico de sus necesidades y una estrategia adaptada a sus brechas particulares. No es lo mismo intervenir en un barrio urbano con alta densidad poblacional que en una comunidad rural con problemas de conectividad, empleo y acceso a servicios. No basta con multiplicar programas dispersos. Necesitamos integrar esfuerzos, establecer responsabilidades y evaluar resultados desde una óptica multidimensional.
También debemos ofrecer oportunidades reales de reinserción a quienes han cumplido sus condenas. Una sociedad que cierra todas las puertas a la reintegración termina debilitando sus propias posibilidades de reducir la reincidencia. Nada de esto implica debilitar la autoridad del Estado. La aplicación de la ley, la protección de las víctimas y la persecución de las organizaciones criminales son obligaciones irrenunciables.
Pero una política verdaderamente integral debe actuar sobre dos dimensiones. Impedir que quienes delinquen continúen causando daño y reducir las condiciones que favorecen nuevas trayectorias delictivas. Nuestra experiencia en políticas sociales nos ha enseñado que el desarrollo humano requiere continuidad, acompañamiento y confianza en las capacidades de las personas.
Ese aprendizaje debe incorporarse con mayor fuerza a la agenda nacional de seguridad ciudadana. República Dominicana necesita una política que combine autoridad con prevención, justicia con oportunidades y protección social con desarrollo humano. La seguridad no puede medirse únicamente por la cantidad de delitos que logramos perseguir. También debemos preguntarnos cuántas vidas conseguimos proteger antes de que la violencia las alcance.
Porque proteger a una familia, acompañar a un adolescente y abrir oportunidades a un joven también son formas de construir un país más seguro. Y porque la mayor conquista de una sociedad no consiste solamente en castigar el delito, sino en crear las condiciones para que cada vez menos personas encuentren en él un camino.
Fuente: Listín Diario