Las 20 estaciones de radio creadas en las zonas más afectadas por la guerra ahora solo transmiten música desde Bogotá. La decisión se da en medio de una revisión del sistema de medios públicos de Colombia
Las 20 emisoras creadas por el Acuerdo de Paz de 2016, que informan a los territorios más afectados por el conflicto en Colombia, dejaron de emitir noticias, boletines, programas regionales, culturales y pedagógicos. Desde la semana pasada, tienen una programación exclusivamente musical y centralizada desde Bogotá. Así lo decidió la nueva administración de Inravisión -antes RTVC, el sistema de medios públicos-, que ha explicado que revisará la parrilla de esas emisoras, así como de sus otras 11 frecuencias descentralizadas y de sus programas de televisión. La decisión, que se implementó el pasado 18 de agosto, ha provocado ya cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo, una tutela anunciada por el excandidato presidencial Iván Cepeda y un debate de control político en el Congreso.
El anuncio se da luego de que miembros del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que no ha cumplido tres semanas, argumentaran que el medio se había convertido en un “aparato de propaganda” durante el Gobierno de Gustavo Petro. A esos señalamientos se han sumado políticos de derecha. El senador Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional, que dio el aval a De la Espriella en su camino a la Presidencia, aseguró que esas emisoras eran “megáfonos oficiales de las FARC para adoctrinar regiones”.
Aunque se trata de una suspensión temporal, el Gobierno no ha dado una fecha para retomar el carácter regional e informativo. Además, no se trata de un ajuste de trámite por el cambio de Gobierno. Las emisoras de paz son el único compromiso del Acuerdo de Paz de 2016 que llegó al 100 % de cumplimiento, y lo son desde diciembre de 2024.
Ese 100% no se refleja simplemente en inaugurar 20 frecuencias. Según el Acuerdo, deben funcionar y producir contenidos en los territorios. De hecho, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia (CSIVI) le hace seguimiento a las horas al aire, al peso de la programación local y a los contenidos producidos, que deben involucrar, entre otros, a comunidades indígenas y campesinas.
“Estamos preocupados, pero estamos esperando la decisión final del Gobierno. Las emisoras tienen el objetivo de abordar los componentes de las violencias en Colombia, incluyendo la cultural. Por eso, el Acuerdo de Paz plantea, de manera sui generis, crear esa red de emisoras, que permita promover información sobre el estado y avance en la implementación del Acuerdo de Paz y desarrollar iniciativas que promuevan la convivencia y la reconciliación, y que estimulen la reconstrucción del tejido social y comunitario”, explica Federico Montes, delegado de los desmovilizados de las extintas FARC en la CSIVI. También explica que deben ir hasta 2030.
Periodistas que han trabajado en ellas o en las otras emisoras del sistema, y que piden no revelar su nombre por temor a represalias contractuales, defienden que la programación local no se limitaba a los boletines informativos. “Incluía conversaciones con comunidades, contenidos culturales, información de servicio, asuntos relacionados con campesinos, víctimas, líderes sociales y procesos de implementación del Acuerdo. También funcionaban como apoyo de la programación informativa nacional con reportes desde las regiones”, dice uno de ellos. Otro afirma que en los primeros días del Gobierno, antes de la suspensión, les pidieron eliminar palabras como “compañero” de las transmisiones o no entrevistar a población indígena.
Las 31 frecuencias de RTVC que están pausadas tienen, para operar, a 230 contratistas -114 en las emisoras de paz, y 116 en las descentralizadas-. Algunos de esos contratos tienen como fechas de finalización entre octubre y diciembre.
Alexei Castaño, director de Radio Nacional de Colombia, se pronunció en su cuenta de X. “La radio pública no es únicamente una programación. Es un servicio esencial que informa, orienta, acompaña y conecta a los ciudadanos, especialmente en territorios donde otros medios tienen una presencia limitada. Esta decisión se toma precisamente cuando Colombia enfrenta una situación de emergencia por un terremoto. En circunstancias como estas, la información oportuna y el contacto permanente con las regiones pueden ser determinantes para las comunidades”, afirmó.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la nueva gerente de Inravisión, Ángela María Mora, ha planteado la necesidad de revisar la programación antes de establecer una nueva parrilla. EL PAÍS intentó comunicarse con Mora para conocer su versión de esta decisión, pero no respondió los mensajes.
La suspensión ocurre en medio de una revisión más amplia de Inravisión. El Ministerio de las TIC y la nueva gerencia han cuestionado a la administración anterior. El 22 de agosto, la ministra Alexandra Falla informó que encontraron convenios suscritos con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Presidencia por alrededor de 7.255 millones de pesos, que fueron utilizados para servicios de “pauta, plan y/o contenido digital”. Según el Ministerio, parte de esos recursos se ejecutó durante meses que coincidieron con la campaña presidencial de 2026, en lo que ven como un hecho sospechoso de utilización indebida del sistema. La cartera anunció que continuará revisando la contratación.
Más allá de esa revisión, hasta ahora el Gobierno no ha señalado si las emisoras de paz tienen que ver con esos convenios ni ha señalado que hayan incurrido en alguna conducta irregular. Así se lo ha recordado la Defensoría del Pueblo este domingo. La entidad encargada de la defensa de los derechos humanos pidió que la suspensión sea reevaluada de manera prioritaria y recordó que estas frecuencias “no son emisoras públicas ordinarias”.
La suspensión ya abrió dos frentes institucionales. El congresista de izquierda Alejandro Toro anunció un debate de control político a la ministra Falla y a la gerente Mora. El político del Pacto Histórico, el partido del anterior presidente, asegura que la decisión podría implicar un incumplimiento de compromisos de Estado en el Acuerdo y afectar el derecho a la información de las comunidades que reciben las señales, que suman casi medio millón de colombianos. También cuestionó otras decisiones de la reorganización del sistema de medios públicos.
En paralelo, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, del mismo partido, anunció una acción de tutela contra MinTIC e Inravisión para levantar la suspensión. Según el congresista, esta vulnera los derechos fundamentales a la información, la libertad de expresión y la paz.
La decisión ocurre en el contexto de la “batalla cultural” que ha enunciado el presidente Abelardo de la Espriella para disputar las narrativas públicas, los valores sociales y reivindicar algunos mensajes tradicionales para hacerle frente a una agenda más progresista. Aunque esa “batalla cultural” no se ha traducido en una política concreta sobre los medios públicos, el Gobierno ha planteado un cambio de rumbo de los contenidos estatales y ha cuestionado lo que considera una orientación ideológica de la administración anterior. Este lunes, las redes sociales de RTVC promovieron una jornada de oración por las víctimas del terremoto del 10 de agosto, una señal que algunos interpretan como parte de esa nueva orientación editorial.
Fuente: EL PAIS