Los migrantes expulsados por Estados Unidos ya no terminan en hoteles como el que sepultó al centenar de venezolanos que murió en La Guaira, el 24 de junio
“Amiga, ese es mi esposo”. Esa frase todavía asusta a Danielys Hurtado. Se la dijo una mujer en medio de decenas de cadáveres en bolsas en los silos del Puerto de La Guaira, en la morgue improvisada para las víctimas de los terremotos del 24 de junio. Por muy poco, Danielys casi se lleva el cuerpo de un esposo que no era el suyo. Llevaba cinco días buscándolo en La Guaira, una ciudad desconocida para ella y sumergida en el caos, después de seguir pistas y atarlas con las preocupaciones que iban en aumento mientras pasaban las horas luego del doble terremoto en Venezuela. Eduardo José Osal Mujica, de 32 años, era uno de los 146 pasajeros del vuelo 164 que aterrizó en Maiquetía el 24 de junio a las 11:40 de la mañana con venezolanos deportados desde Estados Unidos.
Lo que sabía de él antes de empezar un largo viaje desde Barquisimeto, a más de cinco horas de Caracas, era poco. Del teléfono de un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia había llamado a su madre ese día cerca del mediodía. “Mamá, al fin estoy en mi país”, dijo a la suegra de Danielys. La madre preguntó si podía ir a buscarlo de inmediato y el policía al teléfono le dijo que no: “Le vamos a hacer un chequeo, mañana a las 11 de la noche estará en su casa”. A Eduardo y a todos los deportados los habían llevado al llamado Hotel Sanitario Negra Hipólita de La Llanada. Pero ese dato ni siquiera lo sabían las familias.
Como le contaron otros amigos que han regresado deportados, en Venezuela, les retienen documentos, pertenencias y teléfonos, que deben dejar libres de contraseñas para que puedan ser revisados por los policías. Les hacen entrevistas, chequeos médicos, mientras verifican sus antecedentes penales, para luego enviarlos a las ciudades donde vivían antes de emigrar. En ese hotel de cuatro pisos fuertemente custodiado por la policía quedaban encerrados bajo llave. Miles de deportados recibidos a través de más de 160 vuelos del Plan Vuelta a la Patria, coordinados entre Washington y Caracas desde 2025, han pasado por el mismo protocolo, que prolonga por más horas la situación de detención en la que ya estaban cuando fueron capturados por el ICE en Estados Unidos.
Las autoridades venezolanas han explicado que el internamiento en ese hotel era parte de un “triaje” para evaluar sus condiciones de salud al llegar. Pero ese procedimiento ha cambiado después del terremoto y su tragedia particular en el hotel sanitario. Los vuelos de deportados se han retomado por un aeropuerto en el oriente de Venezuela, mientras Maiquetía sigue inhabilitado. Ya no los detienen. Así ocurrió con los dos que ya han aterrizado en el mes de agosto. A los pies del avión les han tomado registro de datos e inmediatamente les hacen exámenes médicos y son llevados a sus lugares de destino.
Hasta el momento, a casi dos meses del terremoto, el Gobierno no ha dado información oficial de los fallecidos que estaban bajo custodia de los servicios de inteligencia luego de ser deportados. Los sobrevivientes son un número que va de 12 a 32. Hay familiares que todavía están buscando cuerpos.
Eduardo llegó a Estados Unidos por el Darién. Cruzó la frontera con México y se entregó a la policía migratoria y pidió asilo. Su proceso de entrada fue rápido. Consiguió trabajo como instalador de techos, luego como conductor de Uber y se asentó en Denver. Este año se había mudado a Wyoming para intentar hacer más dinero cuando, en un cruce vial, la policía local lo detuvo. Pasó por cárceles en Colorado, Arizona y Texas y firmó la orden de deportación. El documento lo llevaba en el bolsillo del pantalón y terminó por confirmarle a Danielys que esta vez sí se estaba llevando el cuerpo correcto.
En Los Silos, los muertos que sacaron del hotel sanitario fueron identificados con un brazalete que decía “Repatriado”. El primer cuerpo que Danielys creyó que era su esposo tenía uno. Quienes la acompañaban no se separaron de la bolsa negra, por la recomendación de los propios patólogos, que desde los primeros días ya advertían sobre el extravío de cuerpos. Danielys tenía tres años sin ver a Eduardo, desde que se había ido a Estados Unidos. Pero tenían 15 años de relación. “Ahí, bajo el calor y el sol, de verdad pensé que era mi esposo. Por eso me puse a tramitar el acta de defunción. Ya había contratado la funeraria, que me estaba esperando para cremarlo, porque por el estado de descomposición no alcanzaba a llegar a Barquisimeto. Si esa mujer llega dos minutos después, me llevo otro cuerpo. Dios nos ayudó”, relata.
El primer lugar donde buscó Danielys fue en la sede del Sebin, apenas llegó a Caracas. “Cuando di el nombre me dijeron que estaba en paradero desconocido, porque algunos salieron corriendo y se escaparon. Como muerto o como vivo no aparecía. Ahí empecé a llorar”. A Danielys, como a otros familiares de los que iban en este vuelo, les obsesiona la idea de que la tragedia de ellos pudo evitarse. Organizaron en un grupo de Whatsapp para acompañarse y buscar respuestas de las autoridades. Oswadeliz Núñez, madre de Daniel Núñez, ha reclamado que el Gobierno venezolano no ha dado respuesta sobre lo ocurrido y se está organizando con otras familias para exigir justicia a las autoridades.
“Ellos estaban encerrados en esos salones, bajo llave. La noche del terremoto escribí a los números de la página de Vuelta a la Patria y nadie me respondió”, dice con indignación. “Si no tienen antecedentes penales, ¿por qué los tuvieron como detenidos? ¿Por qué el ICE no notifica cuando entrega al venezolano al Gobierno y este informa a sus familiares?”, son parte de las preguntas que no deja de hacerse Oswadeliz. A Daniel lo detuvieron en Jacksonville cuando iba conduciendo su vehículo. Tenía cuatro años en Estados Unidos, pero se había ido de Venezuela hacía ocho, a los 20 años, la edad a la que su madre lo abrazó por última vez.
Las familias latinoamericanas han aprendido ya a rastrear a través de la web del ICE a sus detenidos. La comunicación es restringida y cuesta dólares que deben depositar desde el extranjero, como también lo hacen para que puedan comer algo decente mientras están en las prisiones estadounidenses. Oswadeliz supo que Daniel fue deportado porque su nombre desapareció de ese registro la mañana del 24 de junio. Él pudo hacerle una llamada media hora antes del sismo, a través del teléfono de una agente del Sebin. Le dijo que se verían al día siguiente.
“Si yo hubiese sabido que mi hijo venía ahí, me hubiese ido a La Guaira a esperarlo y me lo llevaba. Pero fue víctima del terremoto por una retención indebida”, reclama Oswadeliz. “Cuando supe que lo habían detenido y que lo iban a deportar, le acomodé su cuarto lo más bonito que pude, pero no llegó. Recibí la cajita de las cenizas”.
En Venezuela, el Plan Vuelta a la Patria es una caja negra de la que las familias no han logrado obtener información de lo ocurrido. Los documentos, el dinero y los teléfonos que tenía Eduardo cuando llegó al hotel sanitario no se los devolvieron. Aunque, por el rastreo que su esposa pudo hacer de uno de los aparatos, la última vez que lo encendieron fue en Valencia, después de que todo pasó. Owadeliz dice que por sus constantes denuncias en redes sociales a ella le devolvieron un teléfono, pero no recuperó su billetera con las tarjetas de crédito y de identificación de su hijo.
Inocencia del Valle González, la madre de Elomar Alexander Reyes, un beisbolista de 20 años, sí logró viajar a La Guaira con la intención de recibir a su hijo. El joven tenía apenas tres meses en Estados Unidos cuando lo detuvieron. Llegó en avión, con visa de turista, con el plan de jugar béisbol. El año pasado ya había hecho prácticas con un equipo de Arizona que lo había firmado, cuenta su padre, Ivys Reyes.
La madre de Elomar viajó desde el estado Sucre, el más oriental de Venezuela, a 10 horas de La Guaira. Estaba ahí el día que aterrizaron y, como pudo, subió hasta el hotel sanitario ubicado en lo alto de una colina. Logró grabar un video en el que se veían unos deportados recién llegados en la entrada de las instalaciones. Había uno con el cabello teñido de amarillo, como su hijo, pero no era él. Los agentes policiales le dijeron que al día siguiente los entregarían. Inocencia decidió pasar la noche donde unos amigos que vivían en la OPPPE 26 de Caraballeda que, junto con el hotel donde estaba su hijo, quedó totalmente aplastada con el doble terremoto que les esperaba al final de ese día. Al día siguiente, Ivys viajó de Bolívar, al sur del país, hasta Caracas. Llegó directo a la morgue de un hospital adonde habían llevado a su hijo. Le dieron el cuerpo, sin documentos ni pertenencias. Hizo el sepelio y ayudó a cavar durante cinco días para sacar el cuerpo de su exesposa, hasta que se le agotaron los días de permiso que le dieron en la empresa estatal en la que trabaja. “Ella no pudo verlo ni llevárselo”, dice. El cuerpo de Inocencia lo sacaron casi un mes después.
Fuente: EL PAIS