Escrito Por: Juan Ariel Jiménez
En República Dominicana hemos llegado a un punto peligroso: las reformas ya no parecen diseñarse para resolver problemas, sino para producir titulares, apagar incendios en redes sociales y permitir que el Gobierno se autoadjudique la etiqueta de “reformador”.
El ejemplo más reciente es el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso.
Después de años de discusión, el país terminó con un código tan malo, ambiguo y contradictorio que los propios expertos jurídicos han tenido que debatir cuál sería la solución menos mala: posponer su aplicación, revisarlo integralmente o tratar de corregir procesalmente los errores sustantivos que quedaron dentro del texto.
Para colmo, el nuevo Código Penal contiene elementos que podrían afectar la libertad de expresión. Esto no ocurre en el vacío. Ya hemos visto intentos parecidos con la ley del DNI y con propuestas de modificación a la Ley 6132 de 1962 sobre expresión y difusión del pensamiento. Parecería que, cada cierto tiempo, alguien en el poder siente una tentación irresistible de limitar o intimidar la palabra pública.
En respuesta a la crítica ciudadana por el evidente intento de limitar la libertad de expresión, el Gobierno tuvo que enviar una modificación antes de su entrada en vigencia, admitiendo con los hechos que el Congreso había aprobado un Código Penal plagado de errores.
Es decir, después de tanto tiempo, tanto discurso y tanta solemnidad legislativa, terminamos con una ley que, antes de entrar plenamente en vigencia, ya necesita primeros auxilios. Y lo grave de esto es que cuando las normas nacen con vocación de ser modificadas antes de aplicarse, se afecta gravemente la seguridad jurídica de una nación, porque los actores del sistema y los ciudadanos pudieran entender que el propio legislador duda de la calidad del texto recién aprobado.
Luego, cuando la reacción ciudadana crece, viene la segunda parte del libreto: negociar ajustes con comunicadores, influencers y figuras con presencia en redes sociales para mitigar el daño, bajar la presión y “calmar” el ambiente.
Y aquí conviene hacer una aclaración importante. Invitar a comunicadores e influencers a una conversación sobre libertad de expresión no está mal. Al contrario, muchos de ellos son directamente afectados por esas disposiciones y, además, representan preocupaciones reales de sectores ciudadanos que muchas veces no encuentran en los partidos, en los técnicos tradicionales o en las instituciones públicas quién amplifique su voz.
El problema no es escucharlos. El problema es creer que con eso basta.
El error está en reducir una discusión tan seria como el Código Penal a una negociación para apagar el descontento en redes, dejando de lado una revisión profunda, técnica y plural del texto completo.
Porque mientras se negociaban algunos puntos para mitigar las restricciones a la libertad de expresión, se mantuvieron o introdujeron otros elementos profundamente preocupantes que no recibieron el mismo nivel de debate público. Entre ellos, disposiciones relativas a delitos sexuales contra menores que han sido objeto de fuertes críticas por especialistas, cambios absurdos que debilitan la sanción a la difusión de imágenes difamatorias falsas cuando se alega “venganza”, artículos que convierten en delito la quiebra empresarial “por torpeza o negligencia”, entre otros.
Ahí está el problema de gobernar mirando demasiado el algoritmo: se corrige lo que hace ruido, no necesariamente lo que hace daño.
Y este no sería el único caso de desastre legislativo.
En la actualidad el Congreso conoce una reforma laboral. Una discusión importante, necesaria y largamente pendiente. Pero muchos expertos la ven como una reforma cosmética, incapaz de corregir los problemas reales del mercado laboral. Peor aún, más que promover la creación de empleos de calidad, crea un excesivo régimen penal-laboral que debilita la generación de empleos, además de hacer excesivo énfasis en financiar el Ministerio de Trabajo con las multas laborales, sin considerar el conflicto de intereses que eso crea.
También se habla de modificar la ley de seguridad social. Otro tema fundamental. Pero hasta ahora no queda claro cuál es el diagnóstico oficial, qué se quiere corregir, qué modelo se propone, cuáles costos tendría, quiénes ganarían, quiénes perderían y cómo se protegería a los trabajadores y pensionados.
Y es que en esta etapa de reformar por vanidad, se anuncia la reforma antes de explicar el problema. Se vende la solución antes de presentar el diagnóstico. Se busca el aplauso antes de construir el consenso. Se legisla mediante un proceso de prueba y error, según lo que dicte la opinión pública del momento.
Así no se transforma un país. Así se administra una narrativa de “gobierno reformador”.
Y lo peor es que el complemento perfecto de un gobierno desorientado es un Congreso complaciente que aprueba leyes a contrarreloj, con la pérdida de calidad que esa prisa produce, al punto que las legislaciones están siendo aprobadas con contradicciones, inconsistencias internas e incluso errores gramaticales.
Reformar involucra mucho más que modificar leyes a vapor. Involucra diseñar un conjunto de políticas públicas que corrijan las causas subyacentes de los problemas sociales.
Sobre las reformas que promueven el desarrollo económico, el intelectual Dani Rodrik plantea que “en primer lugar es necesario realizar un análisis de diagnóstico para determinar dónde residen las restricciones más significativas al crecimiento económico en un contexto dado. En segundo lugar, se requiere un diseño de políticas creativo e imaginativo para abordar adecuadamente las restricciones identificadas. En tercer lugar, es preciso institucionalizar el proceso de diagnóstico y de respuesta mediante políticas, a fin de garantizar que la economía se mantenga dinámica y que el crecimiento no se agote…”.
En conclusión, las reformas deben buscar la solución de los problemas, no el aplauso público. Reformar un país no es jugar a parecer moderno. Es construir instituciones que funcionen, leyes que protejan, políticas que resuelvan y acuerdos sociales que sobrevivan al ciclo de noticias. Y por encima de todo, reformar es hacer lo correcto, incluso cuando no sea lo más popular en el momento.
Fuente: Listín Diario