Sobrepoblación y corrupción siguen como los principales problemas de sistema carcelario

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Con los presos preventivos no se pueden iniciar planes de rehabilitación. En promedio al día se trasladan 500 internos a los tribunales

La sobrepoblación de presos preventivos por lentitud procesal y la batalla contra la corrupción siguen como los principales problemas que enfrenta la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correcciones (DGSPC) para implementar un eficiente modelo carcelario, afirmó ayer su director Roberto Santana.

El sistema penitenciario dominicano cuenta con 51 centros con capacidad de alojar 16,000 y en la actualidad hay 25,200. Del este total apenas 9,000 han sido condenados, por lo que cerca de 16,000 son presos preventivos.

“Esa lentitud procesal nos tiene las prisiones llenas de personas preventivas a las cuales se les ha pasado su tiempo para ponerlas en libertad», expresó Santana, durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde estuvo acompañado de Jaime Francisco Rodríguez, rector del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (ISEEPENC) y la doctora Marisol Taveras, encargada Salud Mental del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Señaló que esos internos en principio son inocentes, por lo que no pueden iniciar con ellos planes de rehabilitación. Además de tres meses con medida de coerción pueden llegar a cumplir hasta dos años.

Esto, dijo, representa un alto costo por concepto de manutención y de traslado a los tribunales, ya que cada día en promedio llevan 500 internos. «Esto no está creando una situación problemática». «Estamos gastando la mayor parte del presupuesto en presos preventivos, por decisión de los fiscales y por decisión de los jueces”, lamentó Santana, al calificar de abusiva la situación descrita.

Nuevas cárceles

Santana destacó que para corregir la sobre población carcelaria, el gobierno ha dispuesto construcciones de varios recintos, de los cuales en los próximos meses entrarán en funcionamiento dos en Higüey , uno en San Juan de la Maguana y el cuadrante dos de Las Parras.

En tanto ya se licitaron o adjudicaron la construcción de los centros de El Seibo, dos de Azua, uno en Hato Mayor, Neiba, Santiago Rodríguez, en Bonao, y de Cotuí.

Del total de cárceles, existen 19 de las cuales 12 son administradas por el Ejército y 7 por la Policía, las cuales van a ser transferidas a la DGSPC, ya que su administración requiere personal especializado. Hay 5 centros de menores y 5 para mujeres.

Corrupción

En cuanto al tema de la corrupción, Santana reconoció es una «batalla dura», la cual está dispuesto a librar. «No puede haber corrupción en las prisiones… y la hemos enfrentado frontalmente”, enfatizó, tras revelar que 52 miembros están bajo investigación o sometidos a la justicia.

Apuntó que “la corrupción dentro del tejido carcelario está de una forma sistémica, donde históricamente ha estado», y que además de los internos, puede abarcar personal de la institución, externo y los propios familiares que buscan diversas maneras de delinquir.

Cuestionado en torno si ha recibido amenazas o intimidaciones, el director de los servicios penitenciarios, afirmó que “quizás”, al apuntar que ese tipo de instituciones donde hay personas con situación apremiante, siempre aparecen terceros que alegan son intermediarios entre las autoridades para buscar beneficios.

“Yo no mando a nadie a hacer ninguna diligencia, nadie puede hablar a nombre mío”, precisó.

También rechazó que tenga documentos pendientes de firma, argumento que muchas veces es usado por empleados por negligencia o para cobrar peajes o sobornos.

Dos sistemas

En torno a por qué creen aún existen 19 cárceles en el modelo tradicional, Santana consideró que el retraso obedece a que los gobiernos no se han ocupado de concluir lo que se empezó en el 2002 y debió culminar en 2014.

Entiende que hubo falta voluntad política y de compromiso de diferentes gobiernos con la reforma penitenciaria, que es una deuda con la sociedad.

“Tenemos el compromiso de saldar esa deuda, por eso volvimos y el momento que veamos que eso no se va hacer nos vamos”, enfatizó Santana quien inició la reforma en el 2002.

En cuanto al problema principal que pudiera encontrar nueva vez este proceso dijo: “que en algún momento decidiera no continuar la reforma, que aparezcan unos intereses que incida en el Gobierno para que detengan la reforma. Yo espero que esos intereses sean derrotados y que el Gobierno mantenga la voluntad”.

Fuente: Hoy