Entre “La Carcelita” y destacamentos se origina el baile de los presos en la ciudad de Santiago.
La crisis de los privados de libertad en “La Carcelita” de Santiago, ahora se ha mudado a los destacamentos policiales de Santiago.
El encierro comienza mucho antes de que un juez conozca una medida de coerción.
Detrás de barrotes oxidados, entre calor sofocante, malos olores y celdas saturadas, decenas de personas permanecen retenidas durante días y hasta semanas esperando una audiencia que, según establece la ley, debe celebrarse en un plazo máximo de 48 horas.
Durante un recorrido realizado por distintos cuarteles de Santiago, este medio constató condiciones de hacinamiento e insalubridad que defensores públicos y abogados califican como una violación sistemática a derechos fundamentales.
El primer golpe llega incluso antes de entrar a las celdas. En el destacamento de Pueblo Nuevo, un mal olor a putrefacción y penetrante domina el ambiente. La humedad atrapada en los pasillos y la fetidez anticipan las condiciones en las que sobreviven los detenidos.
La escena, sin embargo, no es aislada; en destacamentos como El Ejido, la unidad de Violencia de Género, las condiciones se repiten: espacios reducidos, sobrepoblación, ausencia de ventilación y detenidos retenidos en instalaciones concebidas únicamente para estadías temporales.
Allí, bajo techos sofocantes y celdas improvisadas, permanecen hombres y mujeres a la espera del conocimiento de medidas de coerción.
La defensora pública Milagros del Carmen Rodríguez atribuye la situación al colapso del Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (CAPLIP), conocido como “La Carcelita”, cuya falta de capacidad ha provocado que los destacamentos funcionen como cárceles improvisadas.
“En mi visita como defensora, los destacamentos estaban abarrotados de personas con solicitud de medida de coerción sin que se les conociera la medida, porque nadie los traslada al momento en que está fijada”, denunció.
La consecuencia directa es que detenciones preventivas terminan convirtiéndose en encierros prolongados dentro de celdas policiales diseñadas para permanencias momentáneas.
Lo que debió ser una retención temporal se ha transformado, según abogados consultados, en un limbo judicial marcado por aplazamientos, falta de transporte y saturación institucional.
Cabe destacar que hay personas que permanecen privadas de libertad por redadas, por rebeldía o por pago de una deuda o manutención.
hacinamiento y calor
Dentro de las celdas, el espacio desaparece y los detenidos permanecen hacinados en cuartos reducidos donde apenas pueden moverse. Algunos soportan las altas temperaturas en pantaloncillos debido al calor extremo y la falta de ventilación.
“En una de las celdas estaban todos en pantaloncillos y sumamente saturado el espacio. En el destacamento de El Ejido encontramos 18 detenidos. En el de Violencia de Género había 19, y ese no tiene ventilación por ningún lado”, relató Rodríguez.
Según los testimonios recogidos, en algunos destacamentos los detenidos duermen directamente sobre el piso por falta de colchones o camas.
“No hay colchones para dormir. Son destacamentos totalmente cerrados y les meten de 20 a 25 personas”, sostuvo la defensora pública.
El calor, la humedad y el hacinamiento convierten las celdas en espacios asfixiantes donde el deterioro físico comienza a reflejarse rápidamente en quienes permanecen encerrados.
Para abogados y defensores públicos, el problema trasciende el retraso judicial.
Muchos de los detenidos aún no han sido juzgados. Algunos incluso recuperan posteriormente su libertad. Sin embargo, mientras esperan una decisión judicial, permanecen bajo condiciones que califican como indignas.
“No solamente se violenta el principio constitucional del plazo razonable al no conocerse la medida dentro del tiempo establecido, sino también otros derechos fundamentales como la dignidad y la alimentación”, explicó Rodríguez.
Las denuncias apuntan incluso a destacamentos donde los detenidos no reciben alimentación adecuada mientras esperan ser trasladados a tribunales.
“No deben ser tratados como animales”, advirtieron abogados consultados.
el tapón institucional
El colapso, sin embargo, no termina dentro de las celdas. Los abogados Miguel Valdemar y Shesnell Calcaño explicaron que el problema también responde a fallas operativas dentro del propio sistema judicial.
Una vez el Ministerio Público deposita la solicitud de medida de coerción, el traslado de los detenidos pasa a manos de los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), adscritos al CAPLIP del Palacio de Justicia.
Pero, según denuncian, estos agentes no cuentan con vehículos ni logística suficiente para movilizar detenidos desde los distintos destacamentos de Santiago hacia el tribunal.
“Luego que presentan medidas, esos presos corresponden a los VTP de “La Carcelita”, pero ellos no tienen la dinámica operativa para buscar presos en los cuarteles”, explicó Calcaño.
El resultado es un efecto dominó: audiencias aplazadas porque los detenidos no llegan, jueces reorganizando agendas saturadas, defensores públicos esperando procesos paralizados y personas encerradas durante días adicionales simplemente porque no hubo quién las trasladara.
Según abogados consultados, el sistema judicial opera actualmente atrapado en un “tapón institucional”, donde el hacinamiento, la mora judicial y la falta de recursos terminan alimentándose entre sí.
Justicia
Impunidad
Los abogados advierten que la acumulación de fallas dentro del sistema podría derivar en situaciones aún más delicadas, cuando imputados considerados de alta peligrosidad obtengan su libertad por vencimiento de plazos procesales o nulidad de medidas coercitivas. Los jueces han advertido al MP que, si no presentan a los imputados, van a ordenar la libertad.
Fuente: Listin Diario