La crisis política de Haití sigue en ascenso
El asesinato del Presidente de Haití Jovenel Moïse, la madrugada del 7 de julio de 2021, representó una escalada singular en la crisis política y social que por años ha caracterizado a nuestro vecino más cercano. Desde entonces, el nivel de degradación -en todos los aspectos de la vida institucional-, el incremento de la violencia, la normalización del secuestro extorsivo, el asesinato indiscriminado de ciudadanos, la profundización de la miseria y las precariedades de todo tipo, se han convertido en el día a día de millones de personas al otro lado de la frontera.
El descarnado relato hobbesiano sobre el “estado de naturaleza” se levanta sobre una patente paradoja. Se trata de la idea según la cual, la autoconciencia de la igualdad natural entre las personas es, a la vez, la fuente de la inseguridad, la competencia y la agresión recíproca entre los miembros del colectivo. La cuestión es simple: puesto que todos, en tanto que auto-percibidos como iguales, se consideran con el mérito suficiente para obtener aquello que les es necesario, en un entorno dominado por la escasez, la predisposición a la agresión es la forma de gestionar la satisfacción de los imperativos de la sobrevivencia. Así las cosas, la única forma de salir de esa situación de “guerra de todos contra todos” es erigiendo una fuente de autoridad lo suficientemente fuerte que no pueda ser desafiada ni siquiera por una amplia coalición de los miembros de ese colectivo: el Estado, al que, como poder común cohesionador, se le reconoce el monopolio legítimo de la violencia institucionalizada. “Donde no hay poder común, no hay ley”, dictamina Hobbes en alguna línea del capítulo XIII de su Leviatán.
El quiebre total de la autoridad del Estado, la inexistencia de “un poder común” con autoridad sobre todos (y medios para hacerla valer), y una situación de guerra civil que solo la existencia del Estado puede impedir, son las marcas profundas de la tragedia que hoy vive Haití, donde el estruendo de las armas de bandas criminales son la única gramática para leer la ensangrentada situación de su población.
Situación gravísima
La situación descrita plantea serios desafíos en diversos ámbitos para la República Dominicana. El más importante quizá consiste en la conciencia de la profundidad de la crisis: estamos ante una gravísima situación que el presidente Abinader ha calificado, a mi juicio con acierto, como de “guerra civil de baja intensidad.” En tal circunstancia, no existen vías institucionales, ni interlocutores con autoridad reconocida para, en el plano interno, procurar una salida a la situación.
No hay solución sin intervención
Por tanto, no hay solución a la crisis sin una intervención concertada, robusta, inmediata, y tan dilatada como las circunstancias de su implementación lo requieran, de la comunidad internacional, cuya primera misión es restablecer la paz y la seguridad de la ciudadanía. Se requiere, además, de un sólido apoyo económico-financiero y técnico, en cuantía suficiente para socorrer las urgencias de alimentación, salud, vivienda, educación e infraestructuras mínimas para la vuelta a la normalidad. Esto debe gestionarse en paralelo al inicio de un proceso de apoyo en la creación de las condiciones institucionales que culminen con un proceso electoral del que resulten autoridades legítimas para la restauración del Estado de derecho y la gestión de la cosa pública.
En relación con lo anterior, el rol de nuestro gobierno debe ser insistir, en todos los escenarios disponibles, en llamar a la Comunidad Internacional a jugar su rol. Es la única manera de evitar una situación de calamidad de connotaciones regionales en la que todos saldríamos perdiendo, incluidas las grandes potencias.
Otro desafío importante que enfrentamos es el migratorio, pues la situación descrita empuja a una parte de la población haitiana a buscar fuera de sus fronteras, una salida frente a la amenaza que supone la magnitud del descalabro institucional en su país. Este es quizá el más crítico de los desafíos de nuestro gobierno porque lo obliga, por un lado, a tomar medidas de control de los flujos migratorios en consonancia con las circunstancias actuales. Por otro lado, plantea la necesidad de que esas medidas se adopten, primero en el marco de la legislación vigente sobre la materia y, segundo, cuidándose conscientemente de no sucumbir al discurso de algunos grupos políticos y sectores sociales que ven en Haití a un enemigo que hay que combatir, en vez de un vecino al que hay que ayudar a proteger, un socio comercial cuyo desarrollo conviene estimular y un colectivo humano que merece solidaridad.
Además de las medidas urgentes que en materia migratoria ya ha empezado a adoptar el gobierno, ¿qué significa hacer uso de los controles previstos en el marco de la legislación vigente?
Aplicar previsiones norma
Significa, entre otras cosas, que en las extensas plantaciones agrícolas del país, sobre todo en la línea noroeste, así como en las obras de la pujante industria de la construcción en nuestras grandes urbes, empiecen a aplicarse las previsiones de una norma que tiene más de 30 años de haber entrado en vigencia: el artículo 135 del Código de Trabajo que dispone que “el 80%, por lo menos, del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos.”
Significa aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 12-01, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual prevé -como una de las líneas de acción tendente a lograr el objetivo de ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional-, el establecimiento “de un sistema de cuotas y/o incentivos para permiso temporal o de residencia, que defina la cantidad de inmigrantes requeridos según las demandas del desarrollo nacional.” Significa, además, resucitar la letra muerta del artículo 128 de la Ley General de Migración, según el cual “serán sancionados con las penas aplicables a las personas físicas por la comisión de delitos (…) toda persona que participe en la organización, traslado, desembarco e ingreso ilegal al territorio nacional de un extranjero, o lo oculte una vez ingresado.” El párrafo II del mismo artículo dispone que “la pena de multa mencionada en el presente artículo será aplicada por cada una de las personas que entren o salgan clandestinamente del país.”
De igual modo, darle sentido a la previsión del artículo 130 de la misma ley sobre las responsabilidades de las “Empresas de Transporte Internacional”, las cuales “serán pasibles del pago de una multa de diez a cincuenta salarios mínimos del sector público por infracción, cuando: (…) 2. Transporten al país, a un extranjero sin visa o documentación reglamentaria según su categoría y subcategoría migratoria (…) 4. Se negaren a reembarcar por su propia cuenta a los pasajeros cuya entrada fuera rechazada por carecer de documentación o no estar en regla si la tuviere, o procediere su rechazo por las otras causas establecidas en la ley.
Sanciones
El control migratorio significa también dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 131 de la Ley 285-04 según el cual “sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código de Trabajo y leyes especiales, serán sancionados con una multa de tres a diez salarios mínimos por cada infracción, las personas físicas o morales contratantes de Trabajadores Temporeros, por el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Sección concerniente al Procedimiento para el ingreso al país como no residentes en la subcategoría de Trabajadores Temporeros de la presente ley.” O al artículo 132 que prevé sanciones de multas de cinco a treinta salarios mínimos, a los empleadores que contraten o proporcionen trabajo a extranjeros ilegales o no habilitados para trabajar en el país.
En definitiva, cumplir la ley es el más importante desafío migratorio al que se enfrenta el gobierno. La crisis pasará, los dos países, a ambos lados de esa difusa línea fronteriza, permanecerán. Ojalá que podamos hacerlo en paz.
Fuente: Diario Libre.