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Pedro Castillo enfrenta, ahora sí, su Watergate

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Por Diego Salazar.

En mi escena favorita de la película Todos los hombres del presidente, sobre el escándalo de Watergate, el periodista Bob Woodward, personificado por Robert Redford, conversa con el misterioso informante Garganta Profunda, quien le dice: “Olvida los mitos que la prensa ha creado sobre la Casa Blanca. La verdad es que se trata de tipos con muy pocas luces y las cosas se les salieron de las manos”.

La frase expresa con claridad y concreción el punto clave de los hechos que llevaron a Richard Nixon a renunciar a la presidencia de Estados Unidos: “la sensación de que todo se les salió de control” y que en realidad todo no era más que “una operación tremendamente torpe”.

En el casi año de mandato que lleva el presidente de Perú, Pedro Castillo, la prensa local no ha creado demasiados mitos acerca de lo que ocurre en Palacio de Gobierno. No ha hecho ninguna falta. La colección de torpezas e indicios de conductas delictivas —o que lindan con la ilegalidad— ha servido para que todos, incluso aquellos que durante mucho tiempo han querido taparse los ojos, tengamos una idea clara, nada mítica, de lo que ocurre en la sede del Ejecutivo.

Basta el penúltimo escándalo —quizá el más grave hasta ayer, debido a la línea directa que traza hasta el presidente— para ilustrar la combinación de ineptitud y desprecio por la legalidad que ha caracterizado a Castillo y su entorno. Hace un par de semanas, los peruanos pudimos ver a Yenifer Paredes, cuñada e hija adoptiva del presidente, prometiendo obras públicas en un video grabado en una pequeña localidad de Chota, en Cajamarca, provincia de la que es oriunda la familia presidencial. Paredes no ostenta ningún cargo público y, en el colmo de la desfachatez, portaba un chaleco con el logo de la empresa JJM Espino Construcción & Ingeniería, propiedad de un amigo suyo, que sería la responsable de los trabajos prometidos.

Días después, gracias a las investigaciones de distintos reporteros, supimos también que el amigo de la cuñada del presidente había sido recibido en numerosas ocasiones en Palacio de Gobierno, que algunos de sus ingresos eran firmados por la primera dama y que, luego de estas visitas, su empresa se había hecho con un contrato público. El empresario y la cuñada del presidente son ahora objeto de una investigación fiscal, al igual que varios miembros del entorno de Castillo, entre otros, dos de sus sobrinos, un exsecretario de Presidenciay su exministro de Transportes y Comunicaciones. Tres de estos cuatro últimos se encuentran prófugos.

Pese a estos antecedentes, y como hemos visto desde que asumió el cargo, el gobierno de Castillo consigue seguir sorprendiendo con su torpeza y descaro. El martes 19 de julio, a las 8:40 de la noche, el presidente publicó un tuit que decía lo siguiente: “En nombre del Gobierno del pueblo, agradezco los servicios prestados a la Nación del señor Mariano González Fernández como ministro del Interior. Hoy a las 9:30 p. m. tomaré juramento al nuevo titular de este sector”. Pese a la hora tardía del mensaje del presidente, políticamente hablando el día acababa de empezar.

Con este mensaje, y sin explicación alguna desde la Presidencia, González se convirtió en el sexto ministro del Interior que dejaba el cargo en 12 meses. Con únicamente 15 días al frente de una de las principales carteras, pasó a ser, además, el segundo ministro más breve del gobierno Castillo, solo por detrás del premier Héctor Valer (y un puñado de ministros nombrados por él), que abandonó el cargo a los siete días de ser nombrado a inicios de este año.

El despido de González llegó poco después de que se anunciara la creación de un equipo de élite de la Policía, cuya única función es apoyar las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, que por encargo de la recientemente nombrada Fiscal de la Nación concentra varias de las causas que involucran a personajes próximos a Castillo.

Es por esto que, pese a que el presidente no parece todavía entenderlo y a que se trata de un gobierno por el que han pasado casi 60 ministros en menos de un año, el despido de González no es igual a las muchas otras destituciones en estos 12 meses.

Como me dijeron dos abogados penalistas, Romy Chang y Roberto Pereira, la burda y pública actuación del presidente Castillo anoche contiene elementos suficientes para hablar de un posible delito de obstrucción a la justicia. “Lo ocurrido hace notar que el Ejecutivo muestra no solo poco interés, sino que está obstaculizando activamente los esfuerzos fiscales”, me dijo Chang. Pereira me dijo que nos encontramos ante la prueba más clara de “un patrón de utilización de sus poderes para entorpecer el trabajo del sistema de justicia en relación con las imputaciones que lo involucran a él y su entorno amical y familiar”.

Estos indicios fueron confirmados por el exministro González, quien en una entrevista televisiva, la misma noche del 19, dijo: “No tengo ninguna duda del compromiso que el señor (presidente) tiene con la corrupción, y no tengo ninguna duda que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia”. Luego, remató: “El señor Castillo está obstruyendo la justicia porque está impidiendo que el trabajo de los agentes de inteligencia especializados busquen a los prófugos” (sic).

A continuación, en su primera comparecencia pública, el nuevo ministro del Interior, Willy Huerta, dijo que iba “a evaluar” la situación del equipo especial de la Policía que colmó la corta paciencia de un presidente que parece sentirse acorralado.

En noviembre de 1973, casi un año y medio después de que las primeras revelaciones sobre Watergate vieran la luz en las páginas de The Washington Post, y mientras el escándalo se encontraba siendo investigado por el Congreso estadounidense, el todavía presidente Nixon pronunció la famosa frase “no soy un delincuente” durante un tenso intercambio con periodistas.

Casi nueve meses después, en agosto de 1974, ante nuevas revelaciones que lo implicaban en esfuerzos activos por obstruir la investigación, y cuando el Congreso se alistaba a declararlo culpable en el proceso de destitución que enfrentaba, Nixon renunció a la presidencia.

Pese a la gravedad y la flagrancia de lo ocurrido ayer, el presidente Castillo no se ha dignado siquiera a defenderse. La mañana de este miércoles intenté comunicarme con las distintas personas que manejan los asuntos de prensa de Palacio de Gobierno, a las que pregunté si había algún comentario o descargo de parte del presidente. La respuesta, como es habitual, fue un absoluto silencio.

Los peruanos estamos ya acostumbrados al mutismo de Castillo. Y, ahora, ante los graves hechos ocurridos el martes 19 y a una semana del habitual mensaje a la Nación en la conmemoración de su primer año de gobierno, no bastará, ni mucho menos, con un “no soy un delincuente”.

A la espera de que el Congreso decida o no hacer algo al respecto, ha llegado el momento, finalmente, en que el presidente Castillo debería emular lo antes posible a Nixon y, con su renuncia, “acelerar el proceso de sanación que tan desesperadamente necesita” el Perú. Los peruanos tendríamos, por una vez, algo que agradecerle.

Fuente: The Washington Post., EE. UU.

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Por Diego Salazar.

En mi escena favorita de la película Todos los hombres del presidente, sobre el escándalo de Watergate, el periodista Bob Woodward, personificado por Robert Redford, conversa con el misterioso informante Garganta Profunda, quien le dice: “Olvida los mitos que la prensa ha creado sobre la Casa Blanca. La verdad es que se trata de tipos con muy pocas luces y las cosas se les salieron de las manos”.

La frase expresa con claridad y concreción el punto clave de los hechos que llevaron a Richard Nixon a renunciar a la presidencia de Estados Unidos: “la sensación de que todo se les salió de control” y que en realidad todo no era más que “una operación tremendamente torpe”.

En el casi año de mandato que lleva el presidente de Perú, Pedro Castillo, la prensa local no ha creado demasiados mitos acerca de lo que ocurre en Palacio de Gobierno. No ha hecho ninguna falta. La colección de torpezas e indicios de conductas delictivas —o que lindan con la ilegalidad— ha servido para que todos, incluso aquellos que durante mucho tiempo han querido taparse los ojos, tengamos una idea clara, nada mítica, de lo que ocurre en la sede del Ejecutivo.

Basta el penúltimo escándalo —quizá el más grave hasta ayer, debido a la línea directa que traza hasta el presidente— para ilustrar la combinación de ineptitud y desprecio por la legalidad que ha caracterizado a Castillo y su entorno. Hace un par de semanas, los peruanos pudimos ver a Yenifer Paredes, cuñada e hija adoptiva del presidente, prometiendo obras públicas en un video grabado en una pequeña localidad de Chota, en Cajamarca, provincia de la que es oriunda la familia presidencial. Paredes no ostenta ningún cargo público y, en el colmo de la desfachatez, portaba un chaleco con el logo de la empresa JJM Espino Construcción & Ingeniería, propiedad de un amigo suyo, que sería la responsable de los trabajos prometidos.

Días después, gracias a las investigaciones de distintos reporteros, supimos también que el amigo de la cuñada del presidente había sido recibido en numerosas ocasiones en Palacio de Gobierno, que algunos de sus ingresos eran firmados por la primera dama y que, luego de estas visitas, su empresa se había hecho con un contrato público. El empresario y la cuñada del presidente son ahora objeto de una investigación fiscal, al igual que varios miembros del entorno de Castillo, entre otros, dos de sus sobrinos, un exsecretario de Presidenciay su exministro de Transportes y Comunicaciones. Tres de estos cuatro últimos se encuentran prófugos.

Pese a estos antecedentes, y como hemos visto desde que asumió el cargo, el gobierno de Castillo consigue seguir sorprendiendo con su torpeza y descaro. El martes 19 de julio, a las 8:40 de la noche, el presidente publicó un tuit que decía lo siguiente: “En nombre del Gobierno del pueblo, agradezco los servicios prestados a la Nación del señor Mariano González Fernández como ministro del Interior. Hoy a las 9:30 p. m. tomaré juramento al nuevo titular de este sector”. Pese a la hora tardía del mensaje del presidente, políticamente hablando el día acababa de empezar.

Con este mensaje, y sin explicación alguna desde la Presidencia, González se convirtió en el sexto ministro del Interior que dejaba el cargo en 12 meses. Con únicamente 15 días al frente de una de las principales carteras, pasó a ser, además, el segundo ministro más breve del gobierno Castillo, solo por detrás del premier Héctor Valer (y un puñado de ministros nombrados por él), que abandonó el cargo a los siete días de ser nombrado a inicios de este año.

El despido de González llegó poco después de que se anunciara la creación de un equipo de élite de la Policía, cuya única función es apoyar las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, que por encargo de la recientemente nombrada Fiscal de la Nación concentra varias de las causas que involucran a personajes próximos a Castillo.

Es por esto que, pese a que el presidente no parece todavía entenderlo y a que se trata de un gobierno por el que han pasado casi 60 ministros en menos de un año, el despido de González no es igual a las muchas otras destituciones en estos 12 meses.

Como me dijeron dos abogados penalistas, Romy Chang y Roberto Pereira, la burda y pública actuación del presidente Castillo anoche contiene elementos suficientes para hablar de un posible delito de obstrucción a la justicia. “Lo ocurrido hace notar que el Ejecutivo muestra no solo poco interés, sino que está obstaculizando activamente los esfuerzos fiscales”, me dijo Chang. Pereira me dijo que nos encontramos ante la prueba más clara de “un patrón de utilización de sus poderes para entorpecer el trabajo del sistema de justicia en relación con las imputaciones que lo involucran a él y su entorno amical y familiar”.

Estos indicios fueron confirmados por el exministro González, quien en una entrevista televisiva, la misma noche del 19, dijo: “No tengo ninguna duda del compromiso que el señor (presidente) tiene con la corrupción, y no tengo ninguna duda que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia”. Luego, remató: “El señor Castillo está obstruyendo la justicia porque está impidiendo que el trabajo de los agentes de inteligencia especializados busquen a los prófugos” (sic).

A continuación, en su primera comparecencia pública, el nuevo ministro del Interior, Willy Huerta, dijo que iba “a evaluar” la situación del equipo especial de la Policía que colmó la corta paciencia de un presidente que parece sentirse acorralado.

En noviembre de 1973, casi un año y medio después de que las primeras revelaciones sobre Watergate vieran la luz en las páginas de The Washington Post, y mientras el escándalo se encontraba siendo investigado por el Congreso estadounidense, el todavía presidente Nixon pronunció la famosa frase “no soy un delincuente” durante un tenso intercambio con periodistas.

Casi nueve meses después, en agosto de 1974, ante nuevas revelaciones que lo implicaban en esfuerzos activos por obstruir la investigación, y cuando el Congreso se alistaba a declararlo culpable en el proceso de destitución que enfrentaba, Nixon renunció a la presidencia.

Pese a la gravedad y la flagrancia de lo ocurrido ayer, el presidente Castillo no se ha dignado siquiera a defenderse. La mañana de este miércoles intenté comunicarme con las distintas personas que manejan los asuntos de prensa de Palacio de Gobierno, a las que pregunté si había algún comentario o descargo de parte del presidente. La respuesta, como es habitual, fue un absoluto silencio.

Los peruanos estamos ya acostumbrados al mutismo de Castillo. Y, ahora, ante los graves hechos ocurridos el martes 19 y a una semana del habitual mensaje a la Nación en la conmemoración de su primer año de gobierno, no bastará, ni mucho menos, con un “no soy un delincuente”.

A la espera de que el Congreso decida o no hacer algo al respecto, ha llegado el momento, finalmente, en que el presidente Castillo debería emular lo antes posible a Nixon y, con su renuncia, “acelerar el proceso de sanación que tan desesperadamente necesita” el Perú. Los peruanos tendríamos, por una vez, algo que agradecerle.

Fuente: The Washington Post., EE. UU.

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