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La condena a Le Pen exacerba el choque entre la política y los tribunales franceses

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El futuro de Francia

La inhabilitación de la tres veces candidata a la presidencia por el Reagrupamiento Nacional llega pocos días después de que la fiscalía pidiera siete años de cárcel para el conservador Nicolas Sarkozy

La separación de poderes está resultando bastante problemática en algunas de las grandes democracias occidentales, incluida Francia, la patria del barón de Montesquieu, el pensador ilustrado que ya en el siglo XVIII teorizó sobre la plena autonomía del legislativo, el ejecutivo y el judicial.NextStay

La condena de ayer a Marine Le Pen, la tres veces candidata al Elíseo del Reagrupamiento Nacional (RN, extrema derecha), ha exacerbado el choque entre la política y los tribunales. La decisión se produjo pocos días después de que la fiscalía pidiera siete años de cárcel para el conservador Nicolas Sarkozy, presidente de la República entre el 2007 y el 2012. También él se presenta como un perseguido de un sistema judicial con ánimo de ajuste de cuentas político. Sabedora del seísmo que la sentencia iba a provocar, la propia presidenta del tribunal que condenó a Le Pen, Bénédicte de Perthuis, quiso sacudirse cualquier reproche y, en su argumentación de ayer, metió esta frase: “Que las cosas estén claras, nadie es juzgado por haber hecho política. Eso no es el tema”.

PARIS, FRANCE - MARCH 31: Lawyer Patrick Maisonneuve speaks to the media after a guilty verdict in the embezzlement case of French far-right Leader Marine Le Pen on March 31, 2025 in Paris, France. French far right leader Marine Le Pen is barred from running for public office for five years with immediate effect after the verdict in her trial in the embezzlement case. The judges also gave Le Pen a four-year prison sentence, of which two years are a suspended sentence, and a 100,000 euro fine. Le Pen and 24 co-defendents are accused of misusing three million euros in funds intended for EU parliamentary aides to pay party staff between 2011-2021, in what is considered a violation of EU regulations. (Photo by Tom Nicholson/Getty Images)
Patrick Maisonneuve, abogado del Parlamento Europeo y de la acusación particular contra Le Pen, ayer Tom Nicholson / Getty

La jueza de Le Pen, que fue auditora financiera, le ha insistido en que no es un proceso político

De Perthuis, de 63 años, que antes de convertirse en magistrada trabajó como auditora financiera de uno de los gigantes mundiales del sector, Ernst & Young, ya había llamado al orden a la líder de la extrema derecha durante el proceso. El pasado 6 de noviembre, en el curso del último interrogatorio, Le Pen parecía algo aturdida y reprochó a la jueza que estaba usando “métodos no muy leales”. De Perthuis le replicó de modo seco y contundente: “Aquí no estamos en política; estamos delante de un tribunal correccional”. Ya el día antes la jueza había amonestado a la acusada: “Tengo la impresión de que estamos en un mundo paralelo en el que usted repite cosas que no son las respuestas a las preguntas que se le hacen”.

Diversas voces del RN ponen en duda la imparcialidad de la justicia. Ayer, tras el veredicto, fue la apoteosis. El alcalde de Hénin-Beaumont, Steeve Briois, en el departamento del Paso de Calais, donde Le Pen fue elegida diputada, habló de “dictadura de los jueces”. Los medios próximos a las posiciones de la extrema derecha, como Le Journal du Dimanche y la cadena CNews, sirven de altavoz permanente a la crítica a la justicia. En estos círculos se considera que uno de los orígenes de la situación actual fue la creación, durante la presidencia del socialista François Hollande, de la Fiscalía Nacional Financiera, con magistrados afines cuidadosamente escogidos por el Elíseo y por la entonces ministra de Justicia, Christiane Taubira. Esta fiscalía especializada contaría con cómplices mediáticos –la publicación digital Mediapart y el legendario semanario satírico Le Canard Enchainé – para maximizar el daño político. También se lanzan graves acusaciones de partidismo al Sindicato de la Magistratura por su supuesto escoramiento muy claro hacia la izquierda.

El pulso entre políticos y tribunales no es nuevo. El exprimer ministro François Fillon, que era el candidato de la derecha gaullista en las presidenciales del 2017 y parecía favorito, quedó tercero en la primera ronda, y por tanto fue eliminado, después de que aflorara el escándalo del empleo ficticio de su mujer en la Asamblea Nacional. El caso Le Pen tiene un impacto equivalente al de Fillon, pues de momento la descarta de la carrera hacia el Elíseo. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, político y moral, la situación de Sarkozy es la más grave, por tratarse de un exjefe de Estado acusado de haber llegado al poder, en el 2007, con la ayuda del dinero del dictador libio Moamar Gadafi, instigador de atentados terroristas, como las bombas contra dos aviones comerciales en los que murieron ciudadanos franceses. Después de la última requisitoria, muy severa, de los fiscales, Nicolas Sarkozy reiteró su inocencia, arremetió contra contra ellos y evocó al “tribunal de la Historia”. Casi tres siglos después, las ideas de Montesquieu no son nada fáciles de aplicar.

Apelación prevé decidir sobre el recurso de Le Pen en 2026, antes de las presidenciales

El Tribunal de Apelación de París cuenta con resolver el recurso de Marine Le Pen por su condena por corrupción “en el verano de 2026”, lo que, en caso de que el veredicto le fuese favorable, le permitiría presentarse a las presidenciales de abril de 2027.

“El Tribunal examinará el asunto respetando unos plazos que deberán permitir contar con una decisión en el verano de 2026”, señaló este martes en un comunicado enviado a EFE.

Le Pen, favorita para las elecciones de 2027 en caso de poder presentarse, fue condenada el lunes por un tribunal de París por desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo (PE) a una pena de cuatro años de prisión -dos de ellos en firme-, a 100.000 euros de multa y a cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.

Fuente: LAVANGUARDIA

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El futuro de Francia

La inhabilitación de la tres veces candidata a la presidencia por el Reagrupamiento Nacional llega pocos días después de que la fiscalía pidiera siete años de cárcel para el conservador Nicolas Sarkozy

La separación de poderes está resultando bastante problemática en algunas de las grandes democracias occidentales, incluida Francia, la patria del barón de Montesquieu, el pensador ilustrado que ya en el siglo XVIII teorizó sobre la plena autonomía del legislativo, el ejecutivo y el judicial.NextStay

La condena de ayer a Marine Le Pen, la tres veces candidata al Elíseo del Reagrupamiento Nacional (RN, extrema derecha), ha exacerbado el choque entre la política y los tribunales. La decisión se produjo pocos días después de que la fiscalía pidiera siete años de cárcel para el conservador Nicolas Sarkozy, presidente de la República entre el 2007 y el 2012. También él se presenta como un perseguido de un sistema judicial con ánimo de ajuste de cuentas político. Sabedora del seísmo que la sentencia iba a provocar, la propia presidenta del tribunal que condenó a Le Pen, Bénédicte de Perthuis, quiso sacudirse cualquier reproche y, en su argumentación de ayer, metió esta frase: “Que las cosas estén claras, nadie es juzgado por haber hecho política. Eso no es el tema”.

PARIS, FRANCE - MARCH 31: Lawyer Patrick Maisonneuve speaks to the media after a guilty verdict in the embezzlement case of French far-right Leader Marine Le Pen on March 31, 2025 in Paris, France. French far right leader Marine Le Pen is barred from running for public office for five years with immediate effect after the verdict in her trial in the embezzlement case. The judges also gave Le Pen a four-year prison sentence, of which two years are a suspended sentence, and a 100,000 euro fine. Le Pen and 24 co-defendents are accused of misusing three million euros in funds intended for EU parliamentary aides to pay party staff between 2011-2021, in what is considered a violation of EU regulations. (Photo by Tom Nicholson/Getty Images)
Patrick Maisonneuve, abogado del Parlamento Europeo y de la acusación particular contra Le Pen, ayer Tom Nicholson / Getty

La jueza de Le Pen, que fue auditora financiera, le ha insistido en que no es un proceso político

De Perthuis, de 63 años, que antes de convertirse en magistrada trabajó como auditora financiera de uno de los gigantes mundiales del sector, Ernst & Young, ya había llamado al orden a la líder de la extrema derecha durante el proceso. El pasado 6 de noviembre, en el curso del último interrogatorio, Le Pen parecía algo aturdida y reprochó a la jueza que estaba usando “métodos no muy leales”. De Perthuis le replicó de modo seco y contundente: “Aquí no estamos en política; estamos delante de un tribunal correccional”. Ya el día antes la jueza había amonestado a la acusada: “Tengo la impresión de que estamos en un mundo paralelo en el que usted repite cosas que no son las respuestas a las preguntas que se le hacen”.

Diversas voces del RN ponen en duda la imparcialidad de la justicia. Ayer, tras el veredicto, fue la apoteosis. El alcalde de Hénin-Beaumont, Steeve Briois, en el departamento del Paso de Calais, donde Le Pen fue elegida diputada, habló de “dictadura de los jueces”. Los medios próximos a las posiciones de la extrema derecha, como Le Journal du Dimanche y la cadena CNews, sirven de altavoz permanente a la crítica a la justicia. En estos círculos se considera que uno de los orígenes de la situación actual fue la creación, durante la presidencia del socialista François Hollande, de la Fiscalía Nacional Financiera, con magistrados afines cuidadosamente escogidos por el Elíseo y por la entonces ministra de Justicia, Christiane Taubira. Esta fiscalía especializada contaría con cómplices mediáticos –la publicación digital Mediapart y el legendario semanario satírico Le Canard Enchainé – para maximizar el daño político. También se lanzan graves acusaciones de partidismo al Sindicato de la Magistratura por su supuesto escoramiento muy claro hacia la izquierda.

El pulso entre políticos y tribunales no es nuevo. El exprimer ministro François Fillon, que era el candidato de la derecha gaullista en las presidenciales del 2017 y parecía favorito, quedó tercero en la primera ronda, y por tanto fue eliminado, después de que aflorara el escándalo del empleo ficticio de su mujer en la Asamblea Nacional. El caso Le Pen tiene un impacto equivalente al de Fillon, pues de momento la descarta de la carrera hacia el Elíseo. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, político y moral, la situación de Sarkozy es la más grave, por tratarse de un exjefe de Estado acusado de haber llegado al poder, en el 2007, con la ayuda del dinero del dictador libio Moamar Gadafi, instigador de atentados terroristas, como las bombas contra dos aviones comerciales en los que murieron ciudadanos franceses. Después de la última requisitoria, muy severa, de los fiscales, Nicolas Sarkozy reiteró su inocencia, arremetió contra contra ellos y evocó al “tribunal de la Historia”. Casi tres siglos después, las ideas de Montesquieu no son nada fáciles de aplicar.

Apelación prevé decidir sobre el recurso de Le Pen en 2026, antes de las presidenciales

El Tribunal de Apelación de París cuenta con resolver el recurso de Marine Le Pen por su condena por corrupción “en el verano de 2026”, lo que, en caso de que el veredicto le fuese favorable, le permitiría presentarse a las presidenciales de abril de 2027.

“El Tribunal examinará el asunto respetando unos plazos que deberán permitir contar con una decisión en el verano de 2026”, señaló este martes en un comunicado enviado a EFE.

Le Pen, favorita para las elecciones de 2027 en caso de poder presentarse, fue condenada el lunes por un tribunal de París por desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo (PE) a una pena de cuatro años de prisión -dos de ellos en firme-, a 100.000 euros de multa y a cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.

Fuente: LAVANGUARDIA

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