El secretario general de la ONU pide para Haití el despliegue de una fuerza armada internacional “especializada”, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos promete “asistencia de seguridad a la policía haitiana para fortalecer su capacidad contra las pandillas”, pero tanto António Guterres como Antony Blinken se cuidan de aclarar que no se movilizarán cascos azules de las Naciones Unidas ni una fuerza militar regular.
En esa onda anda, y todo apunta a que está bien informado, el canciller dominicano Roberto Álvarez, quien hace esta precisión: “Haití no necesita fuerza de paz sino el despliegue inmediato de una fuerza armada internacional”.
La ONU se reuniría el lunes para discutir el tema puesto en agenda por Guterres, pero quedan muchas incógnitas por despejar al descartarse en el terreno efectivos militares regulares.
Quizá se piense apelar a los denominados “contratistas”, empresas privadas cuyo modelo ha sido utilizado por Estados Unidos en varios conflictos bélicos (el Golfo Pérsico, Irak, Los Balcanes) y que ofrecen servicios para garantizar seguridad, construcción, ingeniería, conductores y suministros de comida y energía.
Si eso es lo que se contempla para pacificar Haití, sacarlo del caos generalizado que vive y hacer expeditas las acciones humanitarias, de entrada se puede vaticinar que sería una vía fallida, porque la experiencia muestra la incapacidad de esos contratistas para gestionar la etapa de posguerra y, además, porque una intervención armada per se en Haití, ni aunque golpeara significativamente el imperio de las bandas, resolvería sus problemas.
Esto así porque, primero, antes de que las bayonetas intervengan en Haití, hay que intentar que los propios haitianos, o al menos una mayoría de sus sectores más representativos, logren algún tipo de acuerdo; segundo, debe haber una estrategia política y tercero, una ruta para la reconstrucción, que según expertos podría durar 15 años.
Eso sin mencionar de entrada la ingente tarea que impone la crisis humanitaria (libre movimiento de agua, combustible, alimentos y productos médicos, habilitar las comunidades e instalaciones sanitarias, los principales puertos y aeropuertos).
Y todavía queda en el aire la pregunta de quién gobierna; porque suponemos que no serán botas extranjeras.
Fuente: El Caribe