Escrito Por: TAHIRA VARGAS GARCÍA
Recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados el código penal que lamentablemente desfavorece a población infantil, adolescente y mujeres con la eliminación de penalizaciones en distintos casos de acoso, abuso sexual y explotación sexual, las garantías de atención en la salud cuando por esos casos se generan interrupciones de embarazo con riesgos, la legitimación del maltrato infantil en las familias y en general.
Uno de los aspectos relevantes de la discusión del código penal fueron las afirmaciones de legisladores y legisladoras legitimando las violaciones sexuales en el matrimonio. Es penoso que nuestros legisladores y legisladoras no conozcan la realidad de muchos matrimonios en el país con múltiples casos de trata de niñas y adolescentes, vendidas por sus familias a hombres para obtener beneficios. Igualmente ocurre con mujeres adultas y jóvenes migrantes de Haití, Venezuela, Colombia y otros países traficados hacia el país vendidas previamente a hombres y engañadas desde supuestos contratos para trabajar en distintos negocios, comercios y hogares. (Vargas/INM 2019).
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El matrimonio ha sido utilizado históricamente para legitimar e invisibilizar el abuso y la explotación sexual desde la figura de la “honra” tienen relaciones sexuales sin el permiso que otorga “estar casada”. Adolescentes y jóvenes que tienen sexo en muchas familias las obligan a casarse aun cuando fueron víctimas de una violación.
La ausencia de educación sexual y reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos sexuales y reproductivos en el país (solo el hombre tiene estos derechos) la convierte en objeto sexual, víctima de todo tipo de violencias sexuales en familias, relaciones sociales y de pareja. Las mujeres no cuentan con herramientas para empoderarse y rechazar actos sexuales sin su consentimiento, se les enseña a “complacer” al marido (aun cuando ella no quiera). Frase común en la justificación de la violencia de género y feminicidios.
Otro tipo de abuso es el acoso sexual. En los espacios de trabajo, calles, comunidades, mujeres, niñas y jóvenes son víctimas de acoso continuamente. Se violenta su derecho al libre tránsito, respeto sobre su cuerpo y autonomía en el manejo de su vestimenta y apariencia con autonomía.
Acoso y abuso sexual son parte del imaginario patriarcal que domina culturalmente nuestra sociedad. La intervención en la ruptura de los patrones y prácticas que sustentan este imaginario son una necesidad y una urgencia.
Las personas elegidas para legislar y gobernar nuestra sociedad deben tener mayor conocimiento de la realidad social, especialmente de los grupos más vulnerables (niñez, adolescencia, mujeres, personas LGTBIQ, afrodescendientes, personas con condiciones de discapacidad, adultas mayores y migrantes) para tomar decisiones legales y políticas que ofrezcan protección, prevención y garanticen sus derechos.
Fuente: Hoy