Liberar recursos del encaje legal con el propósito de reactivar una economía aletargada, mediante su canalización hacia préstamos a tasas preferenciales dirigidos a los sectores productivos, es una decisión que requiere visión y destreza.
Sin embargo, lo más complejo no es la liberación de los fondos, sino asegurar que los préstamos —otorgados a tasas significativamente inferiores a las del mercado— lleguen efectivamente a empresas calificadas y a actividades que cumplan con el propósito establecido por la resolución de la autoridad monetaria.
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Por ello, la canalización de estos recursos exige la elaboración de un reglamento específico. En el caso de los 81,000 millones de pesos recientemente puestos a disposición de la banca, se espera que en los próximos días dicho reglamento esté en manos de las entidades financieras, para servir de guía en la aplicación de los fondos.
Ese reglamento debe ser lo suficientemente preciso y su aplicación rigurosamente supervisada, a fin de evitar que los recursos terminen engrosando los bolsillos de oportunistas, sin generar el rendimiento social que se persigue. Las lecciones dejadas por anteriores inyecciones de liquidez, incluyendo las quejas de actores que se sintieron excluidos, deben servir para afinar la eficacia y garantizar que se cumpla la misión encomendada.
Es fundamental evitar que algunos bancos, aunque no sea una práctica generalizada, se vean tentados a utilizar los recursos para financiar consumo de corto plazo o actividades de intermediación financiera con mayor rentabilidad, como préstamos al consumo o inversiones en instrumentos financieros, en lugar de destinarlos a sectores productivos como la agroindustria, la manufactura o las MIPYMES.
Del mismo modo, debe impedirse que los fondos se orienten hacia inversiones en el mercado de valores o en bienes raíces, áreas que no necesariamente contribuyen al incremento inmediato de la producción o del empleo.
Otra desviación a evitar es el uso de los recursos para refinanciar o consolidar deudas existentes de empresas, sin que esto represente una expansión real del crédito productivo ni un estímulo adicional a la inversión.
Asimismo, es imperativo que ni en la redacción del reglamento ni en su ejecución se tolere que algunos intermediarios retengan parte de los fondos en forma de liquidez o reservas para mejorar su posición financiera, en lugar de colocarlos activamente en préstamos productivos.
Igualmente, debe garantizarse que los recursos sean dirigidos exclusivamente a empresas que cumplan con los requisitos establecidos, y que no se desvíen hacia compañías vinculadas que no califican como beneficiarias.
Hay, además, dos aspectos claved que deben ser considerados con especial atención.
Primero, el reglamento debe prever una distribución regional equitativa, de modo que todas las regiones del país puedan beneficiarse de los préstamos preferenciales. Ello no implica desconocer el peso relativo de cada zona en la economía, pero sí asegurar una inclusión territorial efectiva.
Segundo, debe establecerse un calendario claro para la asignación de los recursos, de forma que, si un sector no los utiliza dentro del plazo previsto, los fondos puedan ser redistribuidos hacia otras áreas con mayor demanda. Así se evita lo ocurrido en ocasiones anteriores, cuando parte de los recursos permaneció sin colocar por falta de solicitudes.
En definitiva, lo esencial en la canalización de estos recursos, altamente codiciados por su baja tasa de interés, es garantizar que no haya beneficiarios que pretendan desviar el rumbo del caudal ni depositar excesiva confianza en quien merodea la mesa, más pendiente del festín que del bien común.
Fuente: Hoy