El 9 de febrero de 1966, República Dominicana vivía los efectos de la posguerra y la ocupación militar estadounidense, mientras en el poder se encontraba el gobierno provisional de Héctor García Godoy.
En medio de este contexto, un grupo de jóvenes universitarios y secundarios -a los que hoy se les conoce como los mártires del 9 de febrero- salieron a las calles en defensa de una educación de calidad y la desocupación de los planteles escolares utilizados como cuarteles por las tropas extranjeras.
Lo que comenzó como una manifestación pacífica frente al Palacio Nacional terminó en tragedia, cuando militares y policías abrieron fuego contra los estudiantes, dejando un saldo de cuatro muertos y más de 20 heridos.
¿Por qué protestaban los estudiantes?
Tras la Revolución de Abril de 1965, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) experimentó un proceso de transformación liderado por el Movimiento Renovador Universitario (MRU), encabezado por figuras como Hugo Tolentino Dipp, Guarocuya Batista del Villar, Rafael Kasse Acta, Jottin Cury y los hermanos Marcio y Tirso Mejía Ricart, entre otros.
Sin embargo, sectores conservadores presionaban para frenar las reformas, y el gobierno de García Godoy retuvo el presupuesto universitario, poniendo en riesgo su autonomía y el liderazgo del MRU. Ante la falta de respuesta, la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), encabezada por Amín Abel Hasbún, convocó a una marcha el 9 de febrero de 1966 para exigir la entrega del presupuesto, el reconocimiento de las nuevas autoridades universitarias y el retiro de las tropas extranjeras.
A este llamado se sumaron agrupaciones estudiantiles como la Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER), la Juventud Revolucionaria Cristiana (JRC) y la Federación de Estudiantes Secundarios (FES), quienes también exigían la salida inmediata de las fuerzas de ocupación que mantenían militarizados varios liceos públicos.
De la protesta a la masacre
Ante esto, miles de estudiantes se concentraron frente al Palacio Nacional alzando banderas y carteles que plasmaban: “¡Presupuesto para la UASD!” y “¡Fuera yanquis de Quisqueya!”. Mientras la multitud crecía, tropas de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP) vigilaban los alrededores, mientras militares y policías armados con metralletas y fusiles se apostaban detrás de la verja perimetral del Palacio.
Una comisión de la FED, encabezada por Amín Abel Hasbún, ingresó al Palacio para dialogar con el secretario de la Presidencia, Jaime Fernández, quien les informó que el presidente no los recibiría. En respuesta, decidieron permanecer en las escalinatas hasta obtener una respuesta.
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Mientras tanto, abajo, el bachiller Romeo Llinás intentaba dirigirse a la multitud para explicar la situación, cuando un policía irrumpió entre los manifestantes para impedir su discurso. Esto provocó un enfrentamiento entre estudiantes y agentes, en medio del cual fue incendiada una bandera de Estados Unidos al grito de “Good home, yanquis”.
De repente, la voz de un oficial de la Policía rompió el caos con una orden fatal: “¡Fuego!”.
El saldo mortal
El sonido de las ametralladoras se hizo presente. Entre la confusión, el líder estudiantil Diomedes Mercedes logró bajar a Romeo Llinás de la verja para evitar que fuera alcanzado por los disparos. Mientras tanto, los estudiantes corrían despavoridos, buscando refugio en las calles aledañas.
Cuando finalmente se silenciaron los fusiles, el olor a pólvora quemada impregnaba el aire y los cuerpos de los caídos teñían de sangre el asfalto. Los muertos fueron: Antonio Santos Méndez (22 años), Miguel Tolentino, Luis Jiménez Mella (18 años) y Amelia Ricart Calventi, quien recibió un disparo en la médula espinal y murió un mes después en un hospital de Texas, EE.UU.
Otros manifestantes, como Brunilda Amaral Oviedo y Antonio Pérez, quedaron paralíticos tras recibir impactos en la médula espinal, pese a someterse a cirugías en hospitales europeos.
Consecuencias de la masacre
El asesinato de los estudiantes desató una ola de indignación. Diversas organizaciones obreras y políticas convocaron una huelga general, que paralizó el país durante varios días, con más enfrentamientos y pérdidas humanas, incluidas bajas en la FIP.
A pesar del alto costo en sangre, la protesta logró sus objetivos: el gobierno entregó el presupuesto retenido a la UASD, reconoció a las nuevas autoridades universitarias y, cuatro meses después, las tropas estadounidenses abandonaron el país.
Un crimen impune
A 59 años de la masacre, los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia contra el oficial que dio la orden de disparar y los agentes que ejecutaron la represión.
La masacre del 9 de febrero de 1966 sigue siendo un recordatorio del alto precio que pagaron los estudiantes dominicanos en la lucha por la educación y la soberanía nacional.
Fuente: Hoy