El requisito imposible que dejó a Colombia sin escudo antidrones

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El ministro de Defensa acusa a su predecesor de bloquear las adquisiciones. Los documentos internos del ministerio muestran que quien frenó la compra fue un comité técnico de la propia Fuerza Pública, que concluyó que ningún sistema cumplía lo que él mismo exigía

El pasado 12 de noviembre, en una vereda del Catatumbo, veinte artefactos lanzados desde drones y disparos de francotirador cayeron sobre tropas del Batallón de Operaciones Terrestres número 10. Murieron un cabo y tres soldados. Cinco días antes, otro atentado con drones cargados con explosivos había dejado otros tres militares muertos.

Los ataques y las víctimas que dejan los drones han batido récords en 2026, y se han disparado desde que Abelardo de la Espriella asumió la presidencia. Los ataques contra la Fuerza Pública pasaron de 119 en 2024 a 351 hasta el 2 de noviembre de este año, según la Fundación Ideas para la Paz. La ofensiva de los grupos armados con estos aparatos ya ha matado en 2026 a 24 uniformados, 16 de ellos desde que De la Espriella llegó al poder en agosto.

Colombia, como Israel o Ucrania, es incapaz de neutralizar todos los ataques que le vienen del cielo. Mientras tanto, en Bogotá, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y su antecesor, Pedro Sánchez, discuten de quién es la culpa de que Colombia no tenga un escudo antidrones. También el presidente Gustavo Petro ha entrado en la polémica. Los documentos internos del Ministerio de Defensa —el informe de empalme, el concepto del comité técnico y la circular que centralizó las compras— y los testimonios de funcionarios recogidos por EL PAÍS muestran que Mora acierta cuando dice que el proyecto nunca llegó ni tampoco los fondos asociados a él, pero no al acusar al Gobierno saliente de frenar o prohibir compras: quien decidió no comprar, y con ello que no se giraran los recursos, fue un comité técnico de la propia Fuerza Pública.

Qué era el escudo y cuánto costaba

El Escudo Nacional Antidrones se anunció desde la Presidencia de Petro en enero de 2026, pero su estructuración venía del Grupo de Drones y Antidrones del Ministerio de Defensa desde 2022. No era una sola compra, sino una defensa multicapa: radares, inhibidores, regulación y protección física de las unidades. El cálculo inicial superó los 6,2 billones de pesos, repartidos en cuatro años. La primera fase, prevista para 2026, quedó en 800.000 millones por limitaciones presupuestales.

El cronograma contemplaba probar soluciones en Colombia durante marzo y abril y contratar entre junio y julio. No ocurrió: ningún sistema pasó el filtro del comité técnico.

¿Por qué no se compró nada?

Según la versión del exministro, 119 empresas de 21 países fueron invitadas a probar sus equipos en Colombia en marzo y abril. De las que los llevaron, los evaluadores concluyeron que el material comercial no coincidía con los resultados de las pruebas. La evaluación continuó entonces en el exterior. Las comisiones del comité técnico —más de 20 uniformados dirigidos por un brigadier general— viajaron a siete países. Mora ha calificado el proceso de “turismo burocrático”.

Después de muchísimos viajes y poco antes del cambio de gobierno, el comité técnico fue categórico en su veredicto: las pruebas permitieron establecer que “ninguna de las soluciones demostró satisfacer integralmente la necesidad nacional”. Recomendar una compra en esas condiciones, advierte el documento, habría significado “aceptar deliberadamente brechas de capacidad y trasladar al Estado riesgos operacionales, técnicos, de integración y sostenimiento”.

Ni Sánchez ni su equipo compartían la recomendación del comité, pero pasar por encima de ella habría abierto una investigación contra el ministro, el ordenador del gasto y todo el comité directivo, según una fuente del equipo saliente que participó en el proceso. La misma fuente sostiene que la dirección del ministerio quería comprar lo mejor del mercado, aunque no cumpliera el 100% el protocolo de pruebas. Ese protocolo, afirma, lo fijaron las propias fuerzas y ninguna tecnología en el mundo puede satisfacerlo, “ni siquiera la de los países más avanzados”. Uno de esos requisitos imposibles de cumplir, asegura, era el de detectar un dron a tres kilómetros y a 300 metros de altura e inhibirlo en segundos. Los reportes de las pruebas volvían con cumplimientos del 50% o el 60%. Para el ministro, ese 60% era una capacidad que Colombia no tenía, pero para el comité no bastaba.

Sánchez lo resumió al entregar su cartera: no existe una tecnología capaz de detectar e inhibir el 100% de los drones. Y el 14 de agosto, ya con el nuevo Gobierno, una resolución dio el proceso por terminado.

¿Se bloqueó la compra de inhibidores?

Mora aseguró este martes que el Gobierno anterior “bloqueó la compra directa de sistemas antidrones” mientras esperaba un escudo que nunca llegó, de modo que militares y policías se quedaron sin comprar inhibidores con su propio presupuesto. Sánchez lo niega: “Es falso”.

La circular de donde parte la acusación está fechada el 31 de marzo de 2026. Hasta entonces, cada unidad con presupuesto propio podía comprar detectores e inhibidores por su cuenta. Sánchez ordenó entonces que ese dinero dejara de gastarse unidad por unidad y se juntara en una sola compra grande, gestionada por la Secretaría General del Ministerio. La instrucción buscaba economías de escala, pero activó una norma que impide a cualquier fuerza contratar por su cuenta sin la recomendación del comité técnico, y dejó la última palabra a un comité que acabó desaconsejando cualquier compra. Cuando Sánchez centralizó, añade esa fuente, aún no sabía que el criterio técnico iba a terminar en que no se debía comprar nada.

El Ministerio actual sostiene que, al centralizar, no autorizó a las Fuerzas a programar recursos propios para antidrones “en las vigencias 2026 y 2027, ni en las siguientes”. La circular estuvo vigente hasta el 28 de agosto, tres semanas después del cambio de Gobierno, cuando otra la dejó sin efectos.

Hubo al menos una excepción: el Ejército compró equipos antidrones en mayo por unos 6.000 millones de pesos, pese a la circular, y a una empresa que el propio comité había descartado porque no cumplía con los requisitos, según esa misma fuente. El caso llegó a control interno.

¿Estaba el proyecto estructurado y financiado?

Mora sostiene que recibió “un cascarón vacío”: un proyecto sin estructurar, sin financiar, con cero ejecución y sin un peso apropiado en el presupuesto de 2026.

El informe de gestión que Sánchez firmó al cerrar su periodo reconoce que la primera fase se encontraba en “etapa exploratoria y de estructuración técnica” y que correspondería a la administración entrante definir su financiación. En el informe de empalme, el Escudo aparece como el decimotercero de catorce pendientes de presupuesto.

Sánchez responde que los 800.000 millones eran recursos adicionales condicionados a que el comité identificara soluciones viables y que, al no haberlas, Hacienda no los giró, como dejó escrito en el acta de entrega. El Ministerio replica que la única gestión documentada fueron dos comunicaciones enviadas a Hacienda y a Presidencia el 30 y el 31 de diciembre de 2025 para pedir esos recursos, y que pedirlos no acredita que estuvieran asignados.

¿Qué dicen los expertos?

Los analistas consultados por EL PAÍS creen que la discusión está mal planteada. Carlos Álvarez Calderón, investigador de la Escuela Superior de Guerra, lo resume en una frase: “Los equipos se compran. La capacidad se construye”. Un aparato puede funcionar en una demostración, dice, pero para que una fuerza pueda usarlo cuando lo necesita, hacen falta personal entrenado, procedimientos, coordinación entre instituciones, mantenimiento y dinero para sostenerlo.

“Si me preguntas quién tiene razón, diría que Sánchez tiene sustento al explicar por qué el comité desaconsejó comprar los equipos evaluados. Mora tiene sustento al señalar la restricción de las compras directas. El vacío que vale la pena investigar es qué protección podía ofrecer el Estado durante la espera”, concluye Álvarez.

Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, admite la paradoja: si no existe un sistema capaz de detener los ataques, nadie firma un contrato de ese tamaño. Pero, advierte, “una cosa es que no exista un sistema totalmente certero y que por eso no firmen”, dice, “y otra que no se hayan tomado medidas incrementales durante cuatro años o más”. Medidas, sostiene, sí hubo —un batallón antidrones para todo el país y equipos básicos de interferencia para las unidades desde 2025—, pero sin nivel estratégico: “Hay respuestas reactivas, pero realmente no existe un sistema como tal”.

Camilo Mendoza, exoficial de la Fuerza Aérea y autor de Amenaza Dron, es más duro: “Lo mejor en defensa no existe. Uno no se puede quedar tomando decisiones nueve meses”. Para él, la responsabilidad última era del ministro: “La omisión es igual de nociva”. Mendoza asesora a unidades militares en procesos antidrones y preside una empresa del sector.

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, cuenta que ha declarado urgencias manifiestas cuando una licitación se caía y el servicio no podía esperar, y sostiene que en Defensa cabía lo mismo: “El país no puede esperar”. La responsabilidad, añade, tampoco es solo del Gobierno anterior: “También le corresponde al ministro actual. Lleva tres meses”. Y va al fondo: “El poder aéreo que tenía la Fuerza Aérea lo perdió frente a los grupos criminales”.

¿Existe en algún país el escudo infalible?

Más allá de la pelea política, la conclusión del comité colombiano coincide con la de los ejércitos que más saben del asunto. Ucrania, el país con más experiencia del mundo en guerra de drones, derribó en octubre el 89% de los drones convencionales lanzados por Rusia, pero solo el 66% de los de propulsión a chorro, más rápidos y difíciles de abatir, según el Estado Mayor ucraniano. En Israel, un oficial militar reconoció en junio a Foreign Policy que la Cúpula de Hierro —su escudo antiaéreo contra cohetes y misiles— no puede interceptar los drones de fibra óptica de Hezbolá, y que lo que cuesta un interceptor no se parece a lo que cuesta el aparato que debe derribar.

La fibra óptica es uno de los problemas en Colombia: un dron atado a su operador por un hilo de vidrio no emite señal de radio, así que ningún inhibidor lo alcanza. Para Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, ahí está la raíz del fracaso: el Estado evaluó tecnologías pensadas para drones de radiofrecuencia cuando el ELN y las disidencias ya habían dado el salto. Los países que sí resisten no compran un escudo único: suman capas baratas y las renuevan en semanas. Lo contrario de un megacontrato de cuatro años.

Tres meses después de cerrar el proceso, De la Espriella anunció que su Gobierno dotará a la Fuerza Pública de defensas antidrones y capacidades ofensivas, “con responsabilidad” y buscando los recursos. Queda por conocerse una cifra que nadie ha dado: cuántos equipos antidrones ha comprado el Ministerio desde el 7 de agosto.

Fuente: EL PAIS