El Gobierno de Colombia ha recuperado la iniciativa militar tras varias promesas de campaña para retomar el control territorial del Estado en tres meses
Abelardo de la Espriella representa el regreso de la mano dura para recuperar la seguridad en Colombia. El retorno de la autoridad fue la idea central de la campaña que lo llevó al poder, marcada por una violencia recrudecida y el fracaso de la política de paz total con la que su antecesor, Gustavo Petro, buscaba negociar en simultáneo con todos los grupos armados. El presidente de ultraderecha había prometido un “plan de choque” para sus primeros 90 días, que se cumplen esta semana.
Para escenificar la promesa de mano dura, De la Espriella se ha dejado grabar con una pistola al cinto, durante un operativo en Santa Marta, y ha caminado entre las bolsas de cadáveres de miembros de grupos armados abatidos en bombardeos militares. También ha convertido las redadas policiales contra el crimen que suele acompañar en las principales ciudades de Colombia, con radioteléfono y chaleco antibalas, en un cinematográfico formato de comunicación de Gobierno. Esas salidas hacen parte de su naciente programa para combatir el crimen en las ciudades, bautizado como Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana (BODSU).
A diez años del acuerdo de paz con las FARC, que desarmó a unos 13.000 guerrilleros, la guerra todavía arde, solo que en una etapa más fragmentada. De la Espriella, que reniega de ese histórico pacto, recibió el pasado 7 de agosto un país con casi 29.000 integrantes de grupos armados organizados y al menos 14 zonas de disputa activa entre actores ilegales, de acuerdo con las estimaciones de la Fuerza Pública recogidas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Tres meses después, el Gobierno ha intensificado los bombardeos (ya van al menos seis, en los que han muerto al menos ocho menores), las extradiciones y la persecución de los llamados objetivos de alto valor, además de haber militarizado tanto Santa Marta (en septiembre) como Cúcuta (la semana pasada) para responder a sendas crisis de seguridad.
De la Espriella prometió en campaña recuperar los “territorios perdidos” en esos mencionados 90 días, pero después matizó que en realidad se ponía ese plazo para desplegar un “plan de choque” que incluyera la captura de “diez cabecillas importantes del narcoterrorismo y del crimen organizado”. En otras palabras, los llamados objetivos de alto valor. Hasta ahora, el de más alto perfil ha sido Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito menor, uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), abatido hace dos meses en Riohacha, la capital de La Guajira. Aunque no era el máximo jefe de la organización, se convirtió en uno de sus integrantes más visibles por su extravagancia, y esa visibilidad lo convirtió en un blanco prioritario para el Gobierno.
El mandatario también planteó una mayor cooperación con Estados Unidos, incluyendo más extradiciones, que suele publicitar profusamente al momento de firmarlas en sus redes sociales, y la construcción de nuevas mega cárceles, a semejanza de lo hecho por Nayib Bukele en El Salvador, que todavía no se han materializado.
“Lo que hemos visto en los primeros 90 días es un cambio de tono, frente a la voluntad y la iniciativa para tomar acciones militares”, apunta Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group, que destaca el aumento de las extradiciones como un reflejo del alineamiento entre las agendas de Bogotá y Washington (De la Espriella se adhirió al Escudo de las Américas, la alianza de Donald Trump con líderes afines para luchar contra el narcotráfico). “Hay una voluntad política nueva en términos de las operaciones militares, y eso es algo que reconocen y agradecen muchos oficiales de la Fuerza Pública”, agrega. Reemplazar la gobernanza criminal con una gobernanza legítima del Estado en muchos territorios va a ser la parte más difícil, advierte la experta.
Jorge Mantilla, investigador especializado en conflicto, coincide en destacar que se ha producido una recuperación de la iniciativa militar por parte del Estado, lo que se traduce en el aumento de operaciones, capturas y combates. Además, se ha transmitido la imagen de un liderazgo efectivo. “Este es un Gobierno donde el relato es más importante que el dato. Y ahí vemos toda esa puesta en escena del radioteléfono, de las bolsas blancas, de la pistola, del uniforme verde militar”, apunta. En medio de las tensiones de la derecha colombiana, considera que la gran apuesta política de De la Espriella es quitarle “esa antorcha de la seguridad” al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
De la Espriella también ha logrado restablecer el diálogo regional, destaca Mantilla, después de que, hasta hace pocos meses, antes de su posesión, había un corto circuito entre las autoridades nacionales y las locales. “El trabajo mancomunado del presidente con los gobernadores y con los alcaldes, a través de diferentes mecanismos, puede generar un círculo virtuoso”, anticipa. Ahora hay mayor coordinación.
Permanecen varios interrogantes importantes. “El primero de ellos es cómo evitar que estos grupos o estos liderazgos que se están golpeando sea reemplazados de manera acelerada, asociado a un fenómeno que este Gobierno tiene que enfrentar y sobre el que no ha dicho una sola palabra: el tema de reclutamiento forzado”, apunta Mantilla. También sobrevuela la sombra del impacto humanitario, con la población civil atrapada en medio de la ofensiva militar y atentados terroristas como los que se produjeron el fin de semana en el suroccidente del país, con al menos cinco muertos. Además, concluye, hay una brecha considerable entre golpear a los grupos armados y realmente acabar con las economías ilícitas, como ha prometido De la Espriella.
Fuente: EL PAIS