Escrito Por: Nassef Perdomo Cordero-Columnas
Contrario a lo que muchos piensan, en un Estado constitucional y democrático de Derecho, el papel de los jueces no es simplemente aplicar las normas.
Esa es una función necesaria y permanente, pero no es la que los define en el sistema constitucional. Su labor fundamental es servir de límite al poder del Estado, aunque este poder se manifieste en normas jurídicas. Por eso, por ejemplo, todos los jueces de la República pueden inaplicar, en los casos sometidos a su conocimiento, una norma jurídica que consideren inconstitucional.
Es importante tenerlo siempre en cuenta porque, en esencia, las relaciones jurídicas son relaciones de poder, sobre todo cuando una de las partes es el Estado. Aquí radica la importancia de que la Constitución de 2010 incluyera el principio de la buena administración en su artículo 138, principio que luego fue reconocido como derecho por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0322/14.
Lamentablemente, estas noticias no parecen haber llegado a oídos de muchos funcionarios, de carrera o no.
La cultura de la arbitrariedad en la interpretación y aplicación de las normas sigue siendo muy fuerte. Para una casta demasiado amplia de funcionarios públicos, la norma sólo se aplica cuando coincide con su voluntad.
Esto genera múltiples problemas. Los más obvios los sufren los administrados, que tienen que pagar en tiempo, dinero y esfuerzo el precio de lidiar con un funcionario díscolo. Pero también le cuesta al Estado, que al final tiene que pagar una factura triple: la del daño causado por el acto arbitrario, la del mantener el sistema de administración de justicia y, finalmente, la de la ineficiencia que estos procederes causan.
También paga la mayoría de los funcionarios, que sí se toma en serio su trabajo y tiene que tratar de enmendar los desaguisados de quienes creen que el Estado es un juguete particular.
Los ejemplos son demasiados y no parecen estar en vías de disminuir. El caciquismo es una enfermedad institucional que daña al Estado y, lejos de hacerlo más eficiente o eficaz, disminuye su capacidad para lograr sus metas. Cuando surge, y debido a la obcecación que casi siempre lo acompaña, el remedio necesario es la labor jurisdiccional, que es el valladar que nos separa de la arbitrariedad y el caos.
Fuente: EL DIA