Los fiscales federales repartieron citaciones judiciales a funcionarios electorales de Los Ángeles y a personas vinculadas al escándalo de la candidata republicana por el Senado de Alaska
Cuantos menos días faltan para las midterms, más agresiva se muestra la Administración de Donald Trump en sus investigaciones judiciales electorales. Este jueves, el Gobierno federal estadounidense endureció su ofensiva en su afán por demostrar que miles de personas sin derecho a voto participarían en los próximos comicios en California, Washington y otros Estados. También ha puesto bajo escrutinio a Mary Peltola, la candidata demócrata al Senado por Alaska, a cuyo entorno señalan de haber convencido a una persona con el mismo nombre que su rival republicano para que se registrara como candidata con el propósito de restarle votos.
Sin desistir en ninguno de los dos frentes judiciales, en los que hasta ahora no ha conseguido victorias contundentes, sino más bien dudas sobre la firmeza de sus argumentos por parte de los jueces, los fiscales de Trump distribuyeron nuevas citaciones judiciales.
Algunas estaban dirigidas a empleados de la oficina electoral del condado de Los Ángeles, incluido su titular, Dean Logan. A mediados de mes, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) demandó a Logan para exigirle que, junto con la Secretaría de Estado de California, separe y examine unos 20.000 registros del padrón electoral que, según sospecha la Administración, podrían corresponder a personas que no son ciudadanas estadounidenses. Dichas órdenes judiciales llegan después de dos reveses consecutivos para el DOJ: uno en una corte de Los Ángeles y otro en un tribunal de apelaciones.
Otras citaciones emitidas este jueves fueron enviadas a personas cuya identidad no ha sido revelada, como parte de una investigación centrada en Mary Peltola. Según una investigación de The New York Times, la campaña de Peltola habría orquestado un plan digno de una serie de Netflix para reclutar a un hombre llamado Dan J. Sullivan Jr., cuyo nombre es similar al del senador republicano Dan Sullivan, quien busca la reelección. El objetivo habría sido confundir a los simpatizantes del republicano para restarle votos.
En otro frente, un juez federal de Washington D. C. exigió a la Administración de Trump que revele de una vez por todas a qué funcionarios estatales y locales del país ha enviado cartas con advertencias y exigencias para verificar que sus padrones electorales solo incluyan a ciudadanos estadounidenses.
Durante una audiencia celebrada este jueves, la respuesta de un abogado del Gobierno pareció poner en entredicho la capacidad de estas acciones para producir resultados concretos antes de los comicios. Christian Dibblee, representante legal del DOJ, dijo al juez James E. Boasberg que “estas cartas no obligan a los Estados a realizar acción alguna” y reconoció, según The New York Times, que “los Estados cuentan con plena autonomía para decidir cómo responder a dichas comunicaciones”.
Una de las agencias locales que recibió las cartas del Departamento de Justicia fue la Fiscalía del condado de San Luis Obispo, en la costa central de California. Este jueves, el fiscal republicano Dan Dow informó que investigaba 63 casos de presuntos no ciudadanos que estarían registrados para votar en esa jurisdicción.
“Todo votante elegible en el condado de San Luis Obispo debe votar, y todo voto legal merece ser protegido”, declaró Dow en un comunicado.
La polémica en los comicios de Alaska
El caso que ha cobrado notoriedad tras la publicación del reportaje de The New York Times es el de Mary Peltola. El conflicto llegó incluso al Tribunal Supremo del Estado, que dio luz verde a que dos candidatos llamados Dan Sullivan aparezcan en las papeletas del próximo 3 de noviembre. Las citaciones que el Departamento de Justicia entregó este jueves requieren testimonios ante un gran jurado o la entrega de documentos, además de exigir la preservación de registros.
Pero estas órdenes judiciales no han dejado del todo satisfechos a los políticos republicanos. El vicepresidente J. D. Vance dijo este jueves que se debe investigar si Peltola incurrió en algún delito, particularmente de tipo electoral. “Creo que ciertamente debemos indagar si ella cometió fraude electoral”, dijo a periodistas.
Mientras que James Comer, el republicano que lidera el comité de supervisión de la Cámara de Representantes, pidió entrevistar a Elisa Ríos, la exjefa de campaña de Peltola, y al operador político Jerid Kurtz, identificado por The New York Times como quien consiguió a un candidato con el mismo nombre que el senador Dan Sullivan para la carrera senatorial en Alaska.
“Si no llegan de forma voluntaria para una entrevista, nos veremos obligados a evaluar el uso de un proceso coercitivo”, escribió Comer en las cartas que envió a ambos.
Ríos fue despedida de la campaña de Peltola en agosto. El Times precisó en su información del miércoles que, tras haberse concedido las entrevistas, ella posteriormente pidió retractarse de sus declaraciones.
El gobernador republicano de Alaska, Mike Dunleavy, había solicitado la noche del miércoles hacer más pesquisas sobre el caso. “El reporte de The New York Times de hoy revela nueva evidencia perturbadora de un esfuerzo organizado por manipular las elecciones en Alaska al reclutar candidatos, incluido uno con el mismo nombre del senador en ejercicio, para confundir de forma deliberada a los electores”, escribió el gobernador en su cuenta en la red X.
“Por ello, estoy pidiendo al Departamento de Seguridad Pública que investigue si este esquema violó la ley de Alaska o si se requieren cargos criminales o una acción civil”, agregó.
Peltola ha restado importancia a la polémica y calificó de “distracción” el reportaje que la ha colocado en el centro de la controversia. La demócrata sostuvo que el caso busca desviar la atención de los asuntos que comprometen a su rival, entre ellos su respaldo a la guerra contra Irán.
La pelea en California
En paralelo, a la saga en California no se le ve fin. Ante las citaciones que llegaron a la oficina electoral del condado de Los Ángeles, su titular, Dean Logan, declaró: “Las amenazas y la intimidación no tienen cabida en las elecciones”.
Este mismo jueves, el juez federal de Los Ángeles, David O. Carter, designó a un perito judicial para evaluar las afirmaciones del Departamento de Justicia de que California tiene a unas 20.000 personas que no son ciudadanas en sus padrones electorales y, por ello, debería apartar sus votos de las midterms.
El problema es que el proceso electoral ya está en marcha. Según documentos judiciales, solo en el condado de Los Ángeles se han procesado más de 500.000 votos. Por ello, el miércoles, el juez Carter, nombrado por el presidente demócrata Bill Clinton (1993-2001), rechazó las solicitudes del Departamento de Justicia. Concluyó que los argumentos del Gobierno carecían de credibilidad. Además, advirtió que la intervención solicitada violaría varias leyes federales, afectaría el desarrollo de las elecciones y probablemente privaría del derecho al voto a electores legítimos. Horas después, fiscales federales apelaron el fallo.
La decisión cayó como un balde de agua fría en la Casa Blanca. El jueves por la mañana, antes de dirigirse a un mitin de campaña en Carolina del Sur, el presidente Donald Trump arremetió contra el fallo de Carter. “California es muy corrupta. Las elecciones son extremadamente corruptas. El juez no debería haber hecho eso, pero, por supuesto, vamos a apelar”, declaró ante los periodistas.
Fuente: EL PAIS