Durante la conferencia titulada «El poder de juzgar sin la intervención de un juez: la imposibilidad jurídica del juez robot», el jurista Luis Greco, de la Universidad Humboldt de Berlín, estimuló el diálogo, al ofrecer las ventajas de la IA, no sin antes restarle validez a algunas de sus virtudes.
La idea de una justicia robotizada o dictar condenas mediante un «robot juez» ya no pertenece al mundo de la ciencia ficción; sin embargo, sigue siendo objeto de debate.
Es así como el uso de la inteligencia artificial en el poder judicial y los límites jurídicos fue uno de los temas impulsados por el Tribunal Constitucional (TC) en la apertura del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia enfocado en el “Debido proceso constitucional en materia penal”, este lunes.
Durante la conferencia titulada «El poder de juzgar sin la intervención de un juez: la imposibilidad jurídica del juez robot», el jurista Luis Greco, de la Universidad Humboldt de Berlín, estimuló el diálogo, al ofrecer las ventajas de la IA, no sin antes restarle validez a algunas de sus virtudes.
El doctor Greco sostuvo que, si bien el uso de algoritmos y modelos de inteligencia artificial generativa es técnicamente factible, resulta inaceptable desde el punto de vista ético y normativo, debido a que esto implica “ejercer el poder de juzgar sin la responsabilidad individual del juzgador”.
Es aquí donde radica la barrera decisiva insuperable para el robot: “A diferencia del ser humano, el robot no responde de lo que él decide, porque él, en el sentido estricto, no existe. El robot no rinde cuentas de su decisión y mucho menos de sus razones. No puede mirar a los ojos a quien se ve afectado por su ejercicio de poder”, aseguró.
A su juicio, la labor de tomar decisiones judiciales como emitir sentencias y ejercer otras funciones debe estar apegada a la supervisión humana, debido a los peligros que enfrenta el uso de la inteligencia artificial.
«¿Cómo puede el robot decidir sobre la vida de alguien si literalmente no tiene ni idea de lo que es vivir? El juez robot significa poder de juzgar sin responsabilidad de jugador. La conexión entre poder y responsabilidad que impregna todo el derecho no puede romperse precisamente en el poder judicial”, manifestó.
Por lo que el jurista mantiene su postura de que «el día en que se delegue a la máquina la redacción de sentencias judiciales, faltarán jueces que puedan leer y controlar esas decisiones. Se producirá un tsunami de decisiones que orillará los pequeños diques de supervisión humana como si ni siquiera estudiaran ahí».
Acerca del congreso
El congreso internacional liderado por el Tribunal Constitucional reúne a más de 45 expertos nacionales e internacionales del derecho penal, procesal penal y constitucional, provenientes de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana.
Esta actividad se lleva a cabo del 21 al 23 de septiembre en el Hotel Jaragua, en Santo Domingo.
Durante el inicio de la jornada, el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier enfatizó que “defender el debido proceso no significa defender la impunidad: significa defender la Constitución; significa defender la dignidad humana como valor supremo y, sobre todo, significa defender la idea misma de justicia”.
Al pronunciar el discurso inaugural, el magistrado presidente del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier, señaló que abordar el debido proceso implica analizar las restricciones que una sociedad democrática impone al ejercicio del poder. En ese sentido, citó al jurista italiano Luigi Ferrajoli, recordando que «las garantías son, pues, los límites y las condiciones del correcto proceso».
Estévez Lavandier resaltó que el artículo 69 de la Constitución consagra estas garantías fundamentales, que “lejos de constituir simples formalidades procesales, representan verdaderos límites constitucionales al ejercicio del poder”.
En ese sentido, hizo referencia a decisiones previas del pleno del Tribunal Constitucional, al conceptualizar el debido proceso como “un derecho fundamental y como un principio jurídico-procesal que reconoce que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, mediante las cuales se procura asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso que se lleve a cabo en su contra, permitiéndole tener la oportunidad de ser oída y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juzgador”.
Asimismo, al ofrecer las palabras de motivación, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, resaltó la importancia de realizar estos encuentros para dialogar sobre los retos del sistema judicial y, además, afirmó que el Tribunal Constitucional ha desarrollado y fortalecido las garantías del debido proceso.
Fuente: Listín Diario