Activistas y legisladores denuncian que los estadounidenses se resienten del ‘Impuesto ICE’, un encarecimiento de productos y servicios por la escasez de mano de obra
En los últimos meses, el Gobierno de Donald Trump ha estado divulgando ufano las estadísticas de detenciones de migrantes. En agosto se registraron casi 51.000 detenciones, alcanzando un nuevo récord que el mes de julio, con 50.208, sustentaba, según los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Pero mientras la Administración celebra el aumento de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los empresarios lamentan los efectos en el mercado laboral. “Ya perdí a varios empleados. No hay gente para trabajar”, cuenta Carlos Raba, un chef de origen mexicano.
Su restaurante Clavel, en Baltimore (Maryland) lleva 11 años funcionado con éxito gracias al trabajo de sus casi 50 empleados de diversas nacionalidades. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca e inició su campaña contra la inmigración, sin embargo, ha tenido problemas para cubrir los puestos. Su sous chef, o segunda jefa de cocina, se autodeportó hace siete meses después de haber trabajado con él durante siete años. Era originaria de Honduras y tenía un permiso de trabajo que se quedó en papel mojado cuando el Gobierno canceló el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) de ese país, dejándola susceptible de acabar en uno de los centros de detención del ICE. Prefirió dejar atrás todo lo que había construido en esos años y regresar con sus dos hijos, nacidos en Estados Unidos, al país del que había huido. Poco después Raba se quedó sin otro de sus trabajadores, también hondureño, víctima del miedo que han diseminado los agentes migratorios.
“Están aquí legalmente, pidiendo asilo político, con un permiso de trabajo. Llevan años haciendo las cosas legalmente. Ahora van a corte y les retiran el permiso, les niegan el asilo y los ponen presos. ¿Qué clase de trato es ese para una persona que ha estado socialmente y económicamente ayudando al país?, pregunta.
“El Gobierno tiene que saber que la cocina y los restaurantes tienen skill positions”, dice intercambiando el español y el inglés, “como ser bartender, como nuestros cocineros, son trabajadores que necesitan tener experiencia”. Raba se crió en Culiacán (México) y llegó a Estados Unidos hace 26 años, cuando tenía 17. Explica que cada empleado suyo es una inversión, porque hay que enseñarles, entrenarles y crear una conexión con ellos, y eso requiere mucho tiempo.
Sin empleados en los restaurantes
En Texas, por ejemplo, el 36% de los restaurantes ha perdido empleados y el 26% ha experimentado una disminución en la afluencia de clientes debido a las actividades de control migratorio realizadas este año. Menos de la mitad de este tipo de negocios en Texas afirma contar con suficiente personal para operar con éxito, según un informe del segundo trimestre de 2026 de la Asociación de Restaurantes de Texas.
Esta semana Raba se unió a un grupo de activistas y congresistas que se manifestó a pocos metros del Capitolio, en Washington, para pedir una reforma migratoria que conceda la residencia permanente y el derecho a trabajar a los extranjeros que llevan años en el país. La Administración Trump ha eliminado los permisos de trabajo obtenidos a través del TPS de 13 países y temen que el próximo sea el de El Salvador. El programa que protege de la deportación a 170.000 salvadoreños venció el 9 de septiembre y aún no se sabe qué va a pasar con ellos.
La coalición nacional Seat The Table, que reúne a líderes del sector de servicios de alimentación y representa a todos los eslabones de la cadena de suministro de alimentos, desde granjas y ranchos hasta restaurantes y empresas de hostelería, denunció frente al edificio del Congreso las consecuencias de eliminar el TPS para un sector en el que los migrantes constituyen el 20% de la fuerza laboral y el 36% de los propietarios. Según sus datos, más de la mitad de los operadores de restaurantes a nivel nacional se han visto perjudicados por las políticas migratorias.
“Hagan los cálculos y verán lo que se avecina”
“Los beneficiarios del TPS llevan años aquí, trabajando y viviendo el mismo sueño que cualquier padre; merecen nuestro respeto y apoyo. La gente no se presenta a trabajar porque tiene miedo. Las fichas de dominó están a punto de caer. He visto negocios en mi localidad cambiar sus horarios de atención simplemente porque no tienen personal. He visto hoteles retirar habitaciones del servicio porque no pueden atenderlas. Las personas están aterrorizadas, a pesar de tener toda su documentación en regla”, declaró Bill Lay, empresario de origen cubano de Florida.
Lay tiene cinco restaurantes en una zona que vive del turismo. “Key West tiene una población de 25.000 habitantes. Nuestra comunidad haitiana representa el 20% de la población y más del 60% de la fuerza laboral. Reflexionen sobre estas cifras. Esto tendrá un impacto enorme. Atendemos a 3,5 millones de turistas al año. Hagan los cálculos y verán lo que se avecina”, advierte.
El Gobierno, respaldado por el Tribunal Supremo en julio, canceló el TPS de Haití este año, dejando a casi 350.000 haitianos sin el programa que les protegía de ser expulsados. Los vuelos de deportación a un país inmerso en una crisis de violencia comenzaron de inmediato. Dos de los sectores más afectados por la marcha de los haitianos son el de la atención sanitaria y el de la asistencia de cuidado personal. Un 22% de los trabajadores haitianos se ocupa en el sector sanitario, frente al 10% del resto de trabajadores migrantes, según el Instituto de Política Migratoria (MPI). Un 13% de ellos se dedica al cuidado de personas, un porcentaje que triplica el de los extranjeros de otras nacionalidades empleados en esta labor.
“Muchos haitianos trabajan en el cuidado de ancianos: en residencias, ayudando a las personas mayores en tareas cotidianas como levantarse de la cama, vestirse, incorporarse del inodoro, asearse o mantener la higiene personal. Y ahora, esos cuidadores ya no están. Se trata de personal cualificado que realiza una labor muy difícil, a menudo de esfuerzo físico. Esto significa que las residencias tienen listas de espera más largas para el ingreso; el personal que permanece en sus puestos sufre agotamiento; vemos cómo cierran unidades específicas —como las dedicadas a pacientes con problemas de memoria— simplemente por falta de personal; y aumentan los costes de las horas extra”, explica Rebecca Shi, CEO de la Asociación de Empresarios Inmigrantes (ABIC), en una entrevista con EL PAÍS.
Desde que se inició la cruzada contra los migrantes, Shi ha defendido en Washington la necesidad de aprobar una legislación que conceda permisos de residencia y de trabajo permanentes a los migrantes indocumentados que llevan años residiendo y trabajando en Estados Unidos. Y alerta de las consecuencias que están teniendo la agenda de Trump en algunos sectores como la construcción. “Cerca del 40% de la mano de obra de la construcción está compuesta por inmigrantes y en ciertas zonas del país como el sur de Texas o Florida, esa cifra alcanza el 70%. Las operaciones del ICE han provocado una reducción del personal y retrasos en los proyectos —algunos de hasta ocho o doce meses—, lo que conlleva mayores costes de financiación y operativos que finalmente recaen sobre los consumidores”, sostiene.
Visas que solo Amazon puede pagar
Además de la eliminación del TPS, por el que más de un millón de personas residía legalmente en Estados Unidos, la Administración republicana ha impuesto restricciones a la concesión de visados de trabajo. Uno de los cambios es la imposición de una tasa de 103.000 dólares para importar mano de obra altamente cualificada con las visas H-1B. “Si eres Amazon o Microsoft, tal vez puedas pagarlo; pero no puedes hacerlo si eres un pequeño restaurante familiar, una empresa de construcción o una pequeña clínica de salud comunitaria en una zona rural: simplemente no puedes permitírtelo, y eso terminará afectando a todo el sector empresarial”, apunta.
La agricultura, la ganadería y la jardinería son otros sectores que se ven muy afectados por la limitación de las visas. “Para tu ensalada César necesitas lechuga. Eso viene de California y ¿quién está cortando la lechuga? Hispanos”, subraya Raba. El precio de la lechuga se disparó un 32% en los 12 meses anteriores a junio de 2026. Es un dato representativo que aporta la organización America’s Voice, que denuncia el efecto en los precios de las detenciones y deportaciones. El llamado ICE tax (el impuesto de ICE), refleja cómo perjudica a los consumidores la escasez de mano de obra que ha causado la agenda migratoria. Según la organización, mientras los precios subyacentes (sin incluir combustibles ni alimentos) aumentaron un 2,6% en junio, la fruta en conserva, un 7,9%; los cítricos frescos, un 6,3%; la atención sanitaria a domicilio, un 10,7%; los servicios de jardinería, un 10,8%, y la leche entera, un 9%.
“Una agenda cruel y cara”
Congresistas demócratas latinos y líderes de America’s Voice juntaron sus voces este jueves en las afueras del Capitolio para denunciar los efectos que el ICE tax tendrá en las familias. “La agenda de deportaciones de Trump no es solo cruel, inhumana y malvada, también es cara”, dijo el presidente del caucus hispano, Adriano Espaillat. “Estamos viendo lo que pasa con nuestra economía. Estamos viendo lo que pasó esta semana con los tipos de interés”, dijo, refiriéndose a la decisión de la Reserva Federal de subir un cuarto de punto los tipos de interés para combatir la inflación.
La falta de trabajadores no es resultado solo de las deportaciones. El miedo que han causado entre la comunidad extranjera, sobre todo entre los latinos, las agresivas redadas del ICE han impulsado el absentismo laboral. “Cada vez que el ICE atemoriza a un trabajador para ir a su lugar de trabajo, la economía sufre”, abundó Espaillat.
En un estudio reciente de Brookings, en las ciudades donde se registró un mayor aumento de las detenciones, el empleo cae por debajo de las previsiones después de los operativos y no muestra signos de recuperación un año más tarde. La operación contra la inmigración Metro Surge en Minneapolis-San Paul a comienzos de año provocó una disminución del 2,8% en el empleo, una reducción del 1,9% en las horas trabajadas y una caída del 1,7% en el número de establecimientos comerciales abiertos, lo que equivale a una pérdida estimada de 106 millones de dólares en salarios.
“Que uno estuviera o no de acuerdo con la Administración anterior es irrelevante. Sucedió. A estas alturas, nos corresponde a nosotros encontrar una manera razonable de solucionar esto”, manifestó Lay, quien se declara republicano.
Fuente: EL PAIS