Por: Josué Fiallo
El 19 de agosto de 2026, en el Salón Libertador Simón Bolívar, veintinueve Estados americanos votaron a favor de convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre Nicaragua. Brasil votó en contra. México se abstuvo. La resolución CP/RES. 1317 de la Organización de los Estados Americanos (OEA) contiene una frase de una severidad que remite directamente a 1979, cuando el sistema interamericano retiró legitimidad al régimen de Anastasio Somoza: la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, ya no existe en Nicaragua. No se declaró extinto un Estado, cuya existencia jurídica nadie discute. Se certificó, colectivamente, la muerte de su democracia.
Para un dominicano, esa votación tiene el peso de un espejo. En agosto de 1960, en San José de Costa Rica, la Sexta Reunión de Consulta condenó al gobierno de la República Dominicana por el atentado contra Rómulo Betancourt y ordenó la ruptura colectiva de relaciones diplomáticas y la aplicación de medidas económicas. Fuimos el primer Estado sometido a sanciones colectivas obligatorias mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Joaquín Balaguer lo reconocería ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU): «Sobre la República Dominicana gravita desde hace más de un año una dura sentencia de proscripción».
Sesenta y seis años después, la firma dominicana aparece entre los presentadores originales de la resolución sobre Managua. El país contra el que el sistema estrenó la coerción colectiva es hoy uno de quienes reclaman que el hemisferio actúe. Es la medida de lo que una nación recorre cuando elige la democracia: sabemos lo que significa estar del otro lado de la mesa.
Y, sin embargo, el 19 de agosto la voz dominicana calló. Copatrocinamos, votamos a favor y ningún delegado nuestro explicó ante el Consejo por qué Nicaragua representa un problema urgente de interés común, cuáles acciones consideramos legítimas o dónde colocaríamos sus límites. Las fechas ayudan a explicarlo, aunque no lo excusan. El documento del 14 de agosto lleva la impronta del canciller saliente, el canciller que mantuvo una línea crítica frente al régimen de Ortega y recibió por ello ataques desde Managua; el decreto del día 16 entregó la Cancillería a un nuevo incumbente; el voto del 19 lo ejecutó una diplomacia en transición. La firma sostuvo lo que la voz, durante aquellos tres días, no alcanzó a decir. Nunca lo entenderé del todo.
Por sus vínculos políticos y económicos con Washington, reafirmados pocos días después de asumir mediante una conversación con el secretario de Estado Marco Rubio, la voz del nuevo canciller deberá alzarse pronto. Pero no como eco de Estados Unidos. Deberá hacerlo como expresión de una historia dominicana que conoce el precio de la dictadura, la sanción, la intervención extranjera y la recuperación democrática. La cercanía puede ser una fuente de influencia; la subordinación, nunca una doctrina.
El segundo espejo es nicaragüense. El 23 de junio de 1979, la Décima Séptima Reunión de Consulta aprobó la primera y todavía una de las más radicales resoluciones de la historia de la OEA: pidió el reemplazo inmediato y definitivo del régimen de Anastasio Somoza, la formación de un gobierno democrático pluralista, el respeto de los derechos humanos y la celebración de elecciones libres. Entre quienes se beneficiaron de aquella deslegitimación estaba un joven comandante llamado Daniel Ortega. La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, de la cual formaba parte, invocó expresamente la resolución como fundamento de su plan de paz y solicitó el reconocimiento oficial de los gobiernos americanos.
Cuarenta y siete años después, el mecanismo que contribuyó a cerrar el régimen de Somoza se activa contra Ortega, después de que este anunciara que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. La historia no se repite, pero a veces devuelve la imagen invertida.
En diciembre de 2019 encabecé la delegación dominicana en Bogotá durante la Trigésima Reunión de Consulta, actuando como Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca frente a la crisis venezolana. Allí confirmé una verdad que suele perderse detrás del lenguaje solemne de las resoluciones: el multilateralismo habla en plural, pero ejecuta en singular. La OEA fija una dirección común, coordina información y construye un marco de legitimidad; son después los Estados, conforme a sus leyes, quienes restringen visados, investigan activos, reducen relaciones diplomáticas o deciden no actuar.
Nicaragua no activa ahora el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La convocatoria de 2026 se apoya en los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA, que permiten reunir a los cancilleres ante problemas urgentes y de interés común. No declara un ataque armado, no pone en marcha la defensa colectiva y no autoriza de antemano sanciones ni fuerza militar. Pero la lección operativa de Bogotá permanece: el pronunciamiento podrá ser hemisférico; sus efectos concretos serán nacionales.
¿Qué puede esperarse de la reunión? Los dos precedentes más decisivos, Trujillo y Somoza, compartieron tres condiciones: consenso regional amplio, debilitamiento interno del régimen y convergencia con Washington. En ambos casos, el aislamiento hemisférico aceleró procesos que ya avanzaban dentro de cada país, y en ambos casos el dictador salió del poder en menos de un año.
Hoy existe la primera condición. El precedente más cercano, Venezuela en 2017, nació fracturado y terminó con cancilleres incapaces de adoptar una declaración común. La convocatoria sobre Nicaragua nace con veintinueve votos. No es unanimidad, pero sí una mayoría transversal que cruza el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. Falta la segunda: el aparato orteguista no muestra fracturas visibles, y la represión ha vaciado o expulsado buena parte de los contrapesos que podrían convertir la presión exterior en una negociación interna.
La tercera condición está presente, pero envenenada. Estados Unidos impulsa la convocatoria con el lenguaje de la urgencia y de la acción, al mismo tiempo que ha perdido buena parte del liderazgo moral que alguna vez ejerció sobre la sociedad occidental. Conserva poder militar, financiero, tecnológico y diplomático. Lo que ya no conserva en igual medida es la autoridad para presentar sus preferencias como sinónimo natural del bien común. Gallup situó la aprobación mundial del liderazgo estadounidense en 31 por ciento, por debajo del 36 por ciento de China; Pew Research Center encontró una confianza mediana de apenas 23 por ciento en el presidente estadounidense para actuar correctamente en los asuntos mundiales. Su selectividad, su relación instrumental con el multilateralismo y su disposición a exigir afuera reglas que relativiza cuando le incomodan han erosionado la confianza que hacía posible su conducción.
Brasil y México no expresaron exactamente la misma objeción. Brasil desconfía del salto institucional y del ritmo; pidió más consultas, propuso agotar el Consejo Permanente y favoreció un tratamiento técnico. México desconfía del conductor y de una posible deriva coercitiva; invocó la soberanía, la no intervención y la salida de Nicaragua de la Organización. Ninguno defiende a Ortega. Ambos hablan desde una memoria regional en la que 1965 y la Fuerza Interamericana de Paz permanecen como advertencias sobre la distancia que puede separar una consulta diplomática de una intervención. México, sin embargo, patrocinó en 2017 declaraciones sobre Venezuela dentro de este mismo mecanismo. Tendrá que explicar por qué la no intervención permitía entonces participar en la definición de la respuesta y aconseja ahora abstenerse de su diseño.
Confieso una tristeza. Ortega lleva años construyendo este desenlace a la vista de todos: la sangre de 2018, los candidatos presos de 2021, los desterrados despojados de su nacionalidad, la reforma que convirtió el matrimonio gobernante en copresidencia, la muerte bajo custodia del diputado miskito Brooklyn Rivera. El hemisferio documentó los hechos, los condenó y aprendió a convivir con ellos. Solo convocó a los cancilleres cuando el caudillo convirtió la práctica en doctrina y confesó en una plaza lo que ya había ejecutado desde el poder. Reaccionamos ante la frase después de haber administrado durante años sus consecuencias.
Y lo hicimos al ritmo acelerado de un Washington que también necesita exhibir resolución. Mientras tanto, la silla de Haití estaba vacía. La comparación exige memoria: después del golpe de 1991, la OEA reunió de inmediato a los cancilleres, reclamó la restitución de Jean-Bertrand Aristide, recomendó congelar activos y promover un embargo, y creó una misión civil para acompañar la restauración democrática. Lo que la agonía haitiana actual, no un golpe súbito sino el derrumbe prolongado de un Estado, no ha provocado es una Reunión de Consulta formal ni una movilización política de esta intensidad. El sistema supo reaccionar ante una ruptura visible; lleva años administrando la disolución cotidiana de un país vecino.
Hay, además, un límite inédito. Nicaragua dejó de ser parte de la Carta de la OEA en noviembre de 2023, y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca había dejado de regir para ella desde septiembre de 2014. La cronología oficial no registra otro caso en que una Reunión de Consulta formal haya sido convocada exclusivamente para examinar la situación interna de un Estado que ya estaba fuera de la casa. Eso impide reproducir como obligación hemisférica el esquema jurídico aplicado contra nosotros en 1960. No impide que los gobiernos coordinen medidas nacionales; cambia el vehículo, el alcance y la fuente de su obligatoriedad.
Colectivamente, los cancilleres pueden declarar incompatibles con los compromisos democráticos interamericanos las reformas que clausuran la competencia política y anunciar que los comicios de 2027 no serán considerados libres ni auténticos mientras subsistan esas condiciones. Pueden exigir la liberación de presos políticos, el restablecimiento de libertades públicas, el retorno seguro de los exiliados y el acceso de los órganos internacionales de derechos humanos. Pueden respaldar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los expertos de la Organización de las Naciones Unidas y a otros mecanismos que documentan posibles crímenes de lesa humanidad. Pueden crear un grupo de buenos oficios, establecer un mecanismo periódico de seguimiento y coordinar acciones ante el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU y los demás foros universales competentes.
En el plano nacional, cada gobierno podrá decidir hasta dónde llega. Las opciones incluyen sanciones dirigidas contra responsables concretos, restricciones de visado, investigaciones patrimoniales, cooperación contra el lavado de activos, reducción del nivel de representación diplomática, una política común de asilo y documentos de viaje para los nicaragüenses despojados arbitrariamente de su nacionalidad, muchos de ellos en riesgo de apatridia. Algunos Estados podrían romper relaciones diplomáticas o adoptar restricciones comerciales selectivas compatibles con sus obligaciones multilaterales y con los tratados aplicables. Mantener una embajada es una decisión soberana; el derecho internacional regula cómo se establecen y terminan las relaciones, pero no obliga a conservarlas indefinidamente.
La respuesta debe ser dirigida, verificable y jurídicamente defendible. Las sanciones generales suelen castigar a la población, fortalecer el relato de la plaza sitiada y ofrecer al régimen un enemigo exterior sobre el cual descargar la responsabilidad de sus propios fracasos. Tampoco existe base para una respuesta armada. La resolución no la autoriza, la Carta no la presume y la historia latinoamericana no la aconseja. Defender la democracia no concede un derecho a cambiar gobiernos por la fuerza.
Queda la pregunta del interés. ¿Por qué gastar capital diplomático en una causa que no promete victoria rápida? Porque para los Estados pequeños la norma no es un lujo: es el escudo. Un hemisferio donde un gobernante puede abolir las elecciones sin costo es más peligroso para todos los que no tenemos portaaviones. Y porque, precisamente cuando el poderoso ya no puede prestar su autoridad moral, la legitimidad de la acción colectiva tiene que ascender desde abajo.
El Caribe fue decisivo en la construcción y sostenimiento del texto. Tampoco es menor que la sesión fuera conducida con firmeza por el embajador de Dominica, representante de una pequeña isla caribeña, mientras delegaciones mucho mayores disputaban el procedimiento y el sentido mismo de la Organización. Los Estados pequeños no sustituyen el poder material de las grandes potencias, pero pueden impedir que la legalidad colectiva sea presentada como propiedad de una sola capital.
La República Dominicana debe ocupar ese espacio. No basta con haber colocado su nombre entre los copatrocinadores. Debe explicar qué defiende, qué límites propone y qué está dispuesta a hacer cuando la decisión regrese de la mesa colectiva a la jurisdicción nacional. Copatrocinar es colocar una firma. Ejercer política exterior es colocar detrás de ella una voz, una doctrina y una responsabilidad.
En San José, el sistema aprendió a sancionar en 1960 y aprendió a soltar en 1975, cuando devolvió a cada Estado su libertad frente a Cuba. Entre esas dos lecciones se juega ahora Nicaragua. Los cancilleres que se reúnan no derribarán a nadie. Pero pueden decidir de qué lado del espejo quiere quedar cada país cuando la historia, como siempre, vuelva a mirarnos.