Mientras el Gobierno extradita a varios comandantes de grupos ilegales, deja en el limbo a quienes ya avanzaban en sus procesos de paz en Putumayo y Nariño
El presidente Abelardo de la Espriella mantiene, en el papel, las negociaciones de la paz total. Este miércoles, cuando el mandatario anunciaba la firma de las extradiciones de cinco integrantes de grupos armados ilegales, insistió en que “no habrá mesa de diálogo ni escondite” para quienes persistan en el crimen. Sin embargo, ninguno de los decretos que dieron origen a esas mesas ha sido derogado hasta ahora. Los anuncios de las extradiciones dejan, de momento, una incertidumbre para los grupos que avanzaban en esos procesos de paz.
Los 99 desmovilizados de los Comandos de la Frontera —la facción de las disidencias que dirigía Geovany Andrés Rojas (Araña)— recibieron por televisión, desde el Putumayo, la noticia de su extradición. Se enteraron desde la Zona de Ubicación Temporal donde permanecen en concentración desde hace dos meses, cuando dejaron las armas para reincorporarse a la vida civil, en el único proceso que la paz total pudo exhibir como exitoso. Hoy esperan, en medio de la incertidumbre, qué será de ellos. Lo único cierto, en el plano legal, es una resolución presidencial que blinda su permanencia en ese espacio hasta diciembre de este año. Después de esa fecha no hay ninguna ruta definida para su salida, ni una alternativa del Estado que garantice que no volverán a las armas.
Arbey Lemus Wilchez, de 36 años, dice que nadie les entrega información sobre su futuro como desmovilizados. “Nadie volvió aquí a darnos información. Nos enteramos de la extradición, pero no sabemos qué va pasar con los que estamos aquí porque nadie dice nada”, cuenta por WhatsApp. En diciembre, cuando venza la resolución, el Gobierno deberá definir qué pasará con el proceso judicial de los excombatientes. Hasta ahora no hay respuesta. Si para esa fecha no existe una ruta de reincorporación ni una oferta institucional concreta, la Zona de Ubicación Temporal se cierra y con ella la única protección legal que tienen los 99 excombatientes. Aunque eso no los exime de responder ante la justicia, si el Estado no llega con una alternativa antes de esa fecha, la disyuntiva para varios de ellos estará entre enfrentar los cargos o volver a la clandestinidad de la que salieron hace dos meses.
Armando Novoa, el delegado del Gobierno Petro en esa negociación, explica que es la oportunidad para que el ultraderechista plantee su proyecto de sometimiento a la justicia. “Ya tiene a 99 personas que están esperando una posibilidad de sometimiento. Si el presidente es inteligente, aprovecha lo que nosotros ya hicimos y lo usa a su favor”, sostiene. Aunque con la extradición de Rojas, su máximo líder, el panorama no cambia para los que ya dejaron las armas, sí envía una señal política. Mientras Petro negoció con él y frenó su extradición para llegar a la desmovilización de sus hombres, De la Espriella ahora lo envía a Estados Unidos sin abrir ningún canal con quienes quedaron en medio del proceso. Para Novoa, esa es precisamente la contradicción que De la Espriella tendrá que resolver: castigar a los cabecillas sin abandonar, al mismo tiempo, a quienes ya dejaron las armas confiando en un proceso que el propio Estado ayudó a construir.
El panorama es similar en el departamento de Nariño. La noticia de la extradición de Gabriel Yepes Mejía, el comandante de los Comuneros del Sur -una estructura armada que ya había firmado compromisos con el Gobierno-, deja sin certezas el futuro de los combatientes que habían mostrado alguna voluntad de paz. Andrei Gómez Suárez, delegado del Gobierno Petro en esa mesa, también ve con preocupación la decisión del ultra. “El presidente no está valorando la colaboración de Gabriel Yepes al proceso con Comuneros del Sur. Nosotros firmamos 12 acuerdos parciales. De esos, yo diría que alrededor de 10 ya están en implementación. Sin dejar de lado que son un grupo armado ilegal, ha habido voluntades de paz que se sienten y se valoran en los territorios”.
Pero, además, plantea un limbo jurídico que el Gobierno no ha contemplado. “La incertidumbre más grande es porque el presidente, que se supone que es abogado, ni siquiera ha emitido una resolución presidencial que cierre la mesa con Comuneros del Sur, pero ahora sí extradita al jefe de este grupo”, añade. La dificultad es tal, que aunque De la Espriella ha dicho que no autoriza a nadie de su gabinete a entablar diálogos con armados, el rol de Gómez Suárez y de todos los negociadores sigue teniendo vigencia legal. “Dice que nadie se puede reunir con terroristas, pero entonces en mi caso no aplica porque yo sigo siendo un delegado del Gobierno en una mesa que sigue vigente”.
Estados Unidos formalizó los cargos contra Gabriel Yepes Mejía (HH”), el 11 de octubre de 2023, mediante una acusación del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Es decir, la solicitud lleva cerca de tres años en trámite. Aunque la Corte Suprema ya había dado el concepto favoable para su traslado, el Ejecutivo lo había frenado para buscar una salida negociada al conflicto armado en Nariño.
En el caso de Geovany Andrés Rojas, la solicitud la hizo la Corte del Distrito Sur de California el 20 de febrero de 2025, apenas ocho días después de su captura en un hotel de Bogotá, al cierre de una reunión de la mesa de conversaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Lo requieren por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y tráfico de drogas. La Corte Suprema de Justicia colombiana avaló la extradición el 23 de octubre de 2025, pero la decisión quedó congelada mientras Rojas seguía activo como negociador. De su permanencia en una prisión en Colombia dependía la desmovilización de 99 de sus integrantes. De hecho, Araña iba ser el integrante número 100 en dejar las armas, pero Petro no permitió su ingreso a la ZUT por el pedido en extradición.
Los otros tres integrantes de grupos armados que ya tienen el aval presidencial para pagar sus crímenes afuera son Willington Henao Gutiérrez (El Mocho Olmedo), el comandante del frente 33 de las disidencias de las FARC; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca;y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, ambos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Fuente: EL PAIS