El asesinato de 10 hombres reivindicado por el Cartel de Sinaloa en Zacatecas siembra el temor y revive el azote de las extorsiones en todos los ámbitos. Cinco personas han sido detenidas en conexión con el crimen
La ciudad de Fresnillo, en el Estado mexicano de Zacatecas, en el centro del país, es la más golpeada por la matanza de 10 hombres del fin de semana. Allí es donde trabajaban al menos seis de las víctimas. El hallazgo de la mitad de los cadáveres colgados de un puente, semidesnudos y con signos de tortura, después de haber sido todos ellos secuestrados, ha desatado el miedo en la población, de unos 240.000 habitantes y la conmoción en todo el país.
Todavía no se sabe qué vínculos tenían las víctimas entre sí, más allá de su brutal asesinato. La Fiscalía de ese Estado trabaja con la hipótesis de “posibles actos de colusión y extorsión de servidores públicos”. De momento hay cinco detenidos, tres de ellos este martes, de 22 años, 23 y una menor de 16 años. Los arrestaron en un patrullaje y se les incautaron armas y drogas.
Las diez víctimas fueron secuestradas en distintos momentos del fin de semana, aunque según las autoridades no constan denuncias. Sus cadáveres fueron hallados en tres puntos diferentes de Zacatecas. El Cartel de Sinaloa, con ramificaciones en ese Estado, se atribuyó los asesinatos en un vídeo desafiante en el que se ve a hombres armados y enmascarados.
El Ayuntamiento de Fresnillo, la segunda ciudad más importante de Zacatecas, está gobernado por una alianza entre partidos de oposición (PRI, PAN, PRD) al del Ejecutivo de ese Estado, controlado por el oficialista Morena, de izquierda. Hay dos miembros de esa corporación municipal asesinados, Fidel Alvarado de la Torre, responsable de Desarrollo Social, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero integrado en el equipo de Protección civil municipal. De ambos dice el Ayuntamiento en su página oficial de Facebook que eran “funcionarios eficientes, amigables y sumamente comprometidos con su trabajo”.
La economía de Fresnillo gira en torno a la industria del automóvil en Estados Unidos y a la minería –en Zacatecas están algunos de los mayores yacimientos de plata del mundo– y la actividad agropecuaria, en una ciudad en la que el 36,7% de la población es pobre y un 3,4% vive en la pobreza extrema, según datos del Gobierno de México en 2020. Dos de los asesinados eran empresarios, un padre y un hijo. Se trata de Armando Ledesma Aguirre y José Armando Ledesma Campos. Tenían empresas en diferentes sectores, desde la minería al transporte de agua y combustible a la construcción. La delegación en Zacatecas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción expresó su condena por los asesinatos e hicieron un llamamiento “a la sociedad civil y al sector privado” para mantenerse “unidos, sin normalizar la violencia”.
La Confederación Patronal de la República Mexicana de Zacatecas expresó sus condolencias por los asesinatos “ante la pérdida de personas que contribuyeron al desarrollo económico y social de nuestra entidad”. También señalan en el comunicado que “ninguna sociedad puede aspirar a un futuro de desarrollo cuando la violencia pone en riesgo a quienes trabajan, emprenden, invierten y generan oportunidades para los demás”.
Las otras dos víctimas que trabajaban en Fresnillo son el propietario del bar Las míster: Juan Carlos Berumen Guerrero, que ejercía también de dj, y Jesús Daniel Rivera Sandoval, un empresario vinculado a la organización de eventos que colaboró con la Feria local. Berumen era activo en redes sociales y organizaba conciertos en su local. La última publicación del negocio en Facebook, publicitando un concierto de Los Palomitos y entradas gratis para las mujeres hasta las 11 de la noche, es de dos días antes de ser hallado muerto.
Preocupación entre los empresarios
La matanza ha sumido en la incertidumbre al gremio de los empresarios. Si hay algo que ha quedado claro tras la brutalidad con la que actúan las células criminales de los carteles es que cualquiera que no se alinee con sus “acuerdos” es blanco de su violencia.
Una de las víctimas es Ignacio Nacho Castrejón Valdez, un arquitecto y empresario que nació y desarrolló su vida entera en Sombrerete, un municipio de poco más de 25.000 habitantes, ubicado a solo 30 kilómetros de la localidad homónima del vecino Estado de Durango. Tenía 59 años y era un sobreviviente de cáncer y un hombre determinado y comprometido, según algunos testimonios de sus allegados. Era hermano del actual secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón, y padre de cuatro hijos.
En 2002, Castrejón creó el Grupo CAVI, que lideró como socio mayoritario en Sombrerete y que comenzó con 30 trabajadores. Posteriormente, levantó otras cuatro empresas pertenecientes al mismo grupo, todas relacionadas con la fabricación de concreto, construcción, montajes y estructuras. Su plantilla de trabajadores llega actualmente a los 500. También daba servicio a empresas mineras dentro y fuera de Zacatecas. La Asociación Civil del Clúster Minero de Zacatecas lamentó su muerte y publicó: “Su legado y aportaciones permanecerán en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo”. El cuerpo de Castrejón fue el que las autoridades encontraron en el municipio de Sain Alto, a unos 45 kilómetros de Sombrerete.
También estaba entre las víctimas Fernando Alan Robles de la Torre, que figura en los registros como uno de los representantes de la empresa zacatecana Robles Hermanos Construcciones, S.A. de C.V., y que en 2013, por ejemplo, ganó una licitación para obra pública con el Gobierno para la ampliación de terracerías, pavimentación, señalamiento, obras de drenaje y otras obras complementarias en Zacatecas. En otro contrato finiquitado en 2015, De la Torre firma como representante legal de la empresa de un contrato con los servicios de Salud del Estado, por obras de construcción y equipamiento de un centro de salud.
Una investigación de la organización México Evalúa posicionó a Zacatecas a la cabeza de los Estados con más extorsiones registradas entre 2023 y 2024, al tener una tasa de 1.500 por cada 10.000 empresas y apuntando a que el escenario se presentaba, sobre todo, en regiones y microrregiones con presencia del crimen organizado. En noviembre pasado, el fiscal del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que el año 2025 fue el de más detenciones por el delito de extorsión, con un total de 39, pese a que es el de menor registro debido a que pocas víctimas lo denuncian. Las cifras del INEGI confirmaron que es el que más se comete en Zacatecas.
José Ángel Valdez Rivera, de 53 años, es otro de los 10 asesinados. Era productor agropecuario y líder del sector ganadero en Jiménez del Teúl, un municipio de unos 4.500 habitantes, también colindante con Durango. Fue presidente de la Asociación Ganadera del municipio, una organización que, tras su muerte, lo recordó por su legado y sus contribuciones al sector. “Deja una huella imborrable”, publicaron. Le llamaban cariñosamente El Moreno y era reconocido en la comunidad “por tender la mano cuando lo necesitaban”. La desaparición de Valdez Rivera fue la única de los 10 casos que fue reportada, al menos, en redes sociales.
Una publicación del mismo 18 de julio reportaba así el desconocimiento de su paradero: “El día de ayer 17 de julio del 2026 desapareció el Sr. José Ángel Valdéz Rivera; fue visto por última vez en Canoas, Jiménez del Teúl, Zacatecas. La segunda foto es como estaba vestido el día de ayer; cualquier información que nos ayude a dar con su paradero se la agradeceríamos infinitamente”.
Andrés Vázquez Gurrola, exregidor y exdirector de Seguridad Pública del municipio de Canacatlán, en Durango, también fue asesinado. Era además abogado y se desempeñó durante toda su vida en distintas actividades del servicio público, siempre en su municipio. Fue dirigente municipal del Movimiento Territorial, una organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Medios locales recogen que durante este tiempo coordinó actividades comunitarias y sociales. En 2020 renunció al PRI y a la dirigencia del Movimiento Territorial para continuar trabajando de forma independiente y apartidista. “Canatlán pierde a un ser humano excepcional”, publicaron amigos suyos en redes sociales.
Fuente: EL PAIS