Un buen código penal debe limitar el poder del estado antes que castigar al ciudadano
Escrito Por: Nelson Espinal Báez
Pocas leyes dicen tanto sobre la calidad de una democracia como su Código Penal.
La mayoría de las personas respondería que un Código Penal es una ley para castigar delitos.
La respuesta es correcta. Pero profundamente insuficiente.
Un Código Penal es, ante todo, la ley que define los límites del poder del Estado sobre la libertad del ciudadano. Cada uno de sus artículos responde una pregunta distinta: ¿cuándo puede el Estado investigar?, ¿cuándo puede detener?, ¿cuándo puede acusar?, ¿cuándo puede juzgar?, ¿cuándo puede condenar?, ¿cuándo puede privar de libertad a una persona?
En otras palabras, un Código Penal no habla primero de los delincuentes.
Habla primero del Estado.
Y del ciudadano frente al Estado.
Por eso, la historia del Derecho Penal moderno no ha consistido en ampliar la capacidad del Estado para castigar, sino en limitar ese poder para proteger la libertad de los ciudadanos frente a la arbitrariedad (Beccaria).
Por eso resulta inquietante lo que está ocurriendo con el nuevo Código Penal dominicano.
El país tardó más de dos décadas intentando aprobar una de las leyes más importantes de su ordenamiento jurídico. Sin embargo, antes de que comenzara plenamente a producir sus efectos, ya se plantea la necesidad de revisar numerosos de sus artículos.
La pregunta inmediata parece evidente: ¿qué disposiciones deben corregirse?
Pero esa no es la verdadera pregunta.
La verdadera pregunta es otra.
¿Qué ocurrió durante el proceso legislativo para que un texto debatido durante tantos años llegara a este punto?
El síntoma es evidente: una ley discutida durante más de veinte años necesita ser revisada antes de entrar plenamente en vigor.
Pero los síntomas rara vez explican el problema.
El verdadero diagnóstico no consiste en afirmar que determinados artículos contienen errores.
Toda obra humana es perfectible. También lo son las instituciones.
Precisamente por eso fueron concebidas para descubrir los errores antes de que esos errores terminen convertidos en leyes.
Lo verdaderamente preocupante es que un proceso legislativo de más de dos décadas no haya logrado identificar oportunamente deficiencias que hoy resultan suficientemente visibles como para justificar una reforma inmediata.
Una democracia no fracasa cuando descubre errores en una ley.
Fracasa cuando deja de preguntarse por qué su propio proceso institucional no fue capaz de descubrirlos antes.
Ahí aparece una diferencia fundamental.
Existe una enorme distancia entre aprobar una ley y elaborar una buena ley.
Aprobar una ley requiere construir una mayoría política.
Elaborar una buena ley exige algo mucho más complejo: conocimiento técnico, deliberación rigurosa, análisis constitucional, evaluación de consecuencias, consulta especializada y la capacidad de anticipar cómo funcionará esa norma cuando abandone el papel y entre en contacto con la realidad.
Las mayorías producen legitimidad democrática.
Pero, por sí solas, no producen calidad legislativa.
Las mayorías hacen posible la democracia.
La calidad institucional la hace perdurable.
Cuanto mayor es el poder que una ley entrega al Estado, mayor debe ser el rigor institucional con el que esa ley se discute, se redacta y se aprueba.
Un buen Código Penal debe ser firme frente al delito, equilibrado en el ejercicio del poder punitivo y respetuoso de los derechos fundamentales.
Y pocas leyes entregan al Estado un poder tan intenso como un Código Penal.
Hay una última reflexión que, quizá, sea la más importante de todas.
Las democracias constitucionales nunca fueron diseñadas bajo la premisa de que los gobernantes, los legisladores o los jueces fueran infalibles.
Fueron diseñadas exactamente sobre la premisa contraria.
Sobre la convicción de que todos los seres humanos podemos equivocarnos.
Por eso existen los pesos y contrapesos, las múltiples lecturas legislativas, las comisiones, las consultas públicas, la construcción de consensos, la revisión constitucional, la libertad de prensa, la academia, los gremios profesionales y una sociedad civil activa.
Todos esos mecanismos persiguen un mismo objetivo: aumentar la probabilidad de descubrir los errores antes de que produzcan consecuencias sobre la vida de las personas.
La verdadera grandeza de una democracia no consiste en creer que quienes ejercen el poder siempre acertarán.
Consiste en construir instituciones capaces de detectar sus errores antes de que sea demasiado tarde.
Vista desde esa perspectiva, la discusión sobre el Código Penal representa una oportunidad extraordinaria.
No únicamente para corregir los artículos que hoy generan preocupación.
Sino para preguntarnos si nuestro proceso legislativo está produciendo la calidad institucional que una democracia moderna necesita.
Porque el verdadero éxito de un Congreso no consiste simplemente en aprobar leyes.
Consiste en producir leyes que resistan el paso del tiempo.
Leyes que sobrevivan a los cambios de gobierno.
Leyes capaces de proteger derechos aun cuando algún día llegue al poder un gobernante menos prudente que el actual.
Las buenas leyes nunca se redactan pensando únicamente en quién gobierna hoy.
Se redactan pensando en quién podría gobernar mañana.
Ese es, precisamente, el sentido más profundo del constitucionalismo moderno.
Desconfiar de la concentración del poder.
Limitar el poder.
Someter el poder a reglas.
Y recordar que la libertad de los ciudadanos depende menos de la buena voluntad de quienes gobiernan que de la fortaleza de las instituciones que los limitan.
Por eso, el verdadero debate sobre el Código Penal no ha sido únicamente qué conductas deben castigarse.
La pregunta decisiva ha sido otra:
¿Cuánto poder estamos dispuestos a entregar al Estado sobre nosotros mismos y bajo qué condiciones?
Porque, al final, la historia juzga a las democracias menos por la fuerza con la que castigaron a los culpables que por el cuidado con el que protegieron la libertad de los inocentes.
Y esa es, quizá, la prueba más exigente de toda democracia: no cuánto poder es capaz de ejercer, sino cuánto poder es capaz de limitarse a sí misma.
Fuente: Diario Libre