Más de 20 nuevas instituciones públicas se han intentado crear en la última década
Los planes de “austeridad” han sido recurrentes e impulsados por distintos presidentes en el país. Sin embargo, desde el Poder Legislativo, han intentado en varias ocasiones, tanto diputados como senadores, irrumpir en el presupuesto nacional con la creación de nuevos institutos, lo que generaría un mayor gasto para las arcas del Estado.
Según registros de los archivos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República en las últimas dos décadas, más de veinte institutos nuevos han sido propuestos. Dentro de este número aparece un factor relativamente común y es que una gran parte están dedicados a un solo producto agrícola: coco, casabe, arroz, aguacate y el banano, solo por mencionar algunos.
Este fenómeno de querer cargar al Estado con una nueva institución no responde a un partido en particular. Legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Partido Revolucionario Moderno (PRM); la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones han empujado estas iniciativas.
El coco de Nagua
Un caso se repitió hace unos años en distintos registros periodísticos fue el del Instituto Nacional del Coco, bautizado como el “Inacoco”. La iniciativa fue impulsada originalmente por el entonces senador Arístides Victoria Yeb y retomada luego por el diputado Napoleón López Rodríguez, ambos del entorno político de la provincia María Trinidad Sánchez. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y remitido al Senado.
Un detalle curioso del proyecto es el artículo 3 el cual establecía que la sede central deberá estar obligatoriamente en Nagua.
Registros periodísticos de hace algunos años indican que el diputado Napoleón Rodríguez, defendió constantemente la creación del instituto, asegurando que era necesario para el aumento de producción en la provincia y en el país.
Un instituto para cada alimento
En el registro legislativo se acumulan una gran cantidad de piezas que han intentado convertirse en ley. Entre ellas aparece la del senador Antonio Marte, quien impulsó el Instituto Nacional del Casabe, con la misión de “fomentar la producción” de este tradicional alimento.
El senador Félix Bautista de la Fuerza del Pueblo y representante de San Juan, propuso el Instituto Nacional de la Semilla (Inase), el cual fue aprobado por la Cámara Alta y detenido en la Cámara de Diputados. También es suya la propuesta del Instituto Dominicano de las Leguminosas, para crear “una entidad con patrimonio propio dedicada a las habichuelas y los guandules”.
También aparece el diputado Nicolás Hidalgo quien propuso en el año 2024 crear el Instituto Nacional del Cacao, con sede obligatoria en San Francisco de Macorís; el senador Manuel Güichardo con el Instituto Nacional del Banano; el exsenador Franklin Rodríguez Garabitos con el Instituto del Aguacate y el diputado Alcibíades Tavárez de la Cruz, quien sometió la necesidad de un Instituto Nacional Apícola, para “regular las abejas y la miel”.
Un patrón en el cual coinciden varias de estas iniciativas es que las sedes de estos institutos están planteados para ser colocadas en provincias o territorios relacionados a sus proponentes, a pesar de llevar en el nombre la palabra “nacional”.
duplicidad
La creación de varios institutos puede atentar con funciones ya asignadas al Ministerio de Agricultura, el cual, en su estructura organizacional, tiene viceministerios sectoriales, técnicos zonales, viveros y laboratorios de sanidad vegetal.
En su estructura aparecen dependencias como el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias Forestales (Idiaf), que en su misión indica la formulación de investigación genética y validación de tecnologías; el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda), el cual financia asociaciones de productores; la Comisión Nacional arrocera, encargada de planificar la siembra y fijar la cuotas y, aunque no se trata de una entidad dentro del organigrama del ministerio, está ProDominicana, entidad que promueve exportaciones.
Crear entidades como el Inacoco, Inacacao, Inarroz y sucesivos no llena un vacío, sino que genera otro actor reclamando presupuesto para hacer lo que otras entidades ya hacen. También podría suponer una doble rendición de cuentas por parte de los agricultores de ciertos productos que tendría que reportar a varias instancias, creando más trámites burocráticos.
El caso de Inaguja
Un ejemplo actual de la posible duplicidad de funciones e ineficiencia presupuestaria es la Industria Nacional de la Aguja (Inaguja).
Esta entidad existe, funciona, y según la Asociación Dominicana de Industrias Textiles, no forma a nadie con eficiencia real. Recibe asignaciones presupuestarias para suplir uniformes a ministerios, subcontrata talleres a tarifas bajas y cobra al Estado precios de mercado.
El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) hace el mismo trabajo formativo, con mayor alcance. Participación Ciudadana, según registro periodísticos e informes de la entidad, lo ha señalado como ejemplo claro de «duplicar funciones sin ningún tipo de racionalidad».
Si bien es cierto que ninguno de los proyectos propuestos por los legisladores a prosperado más allá de su cámara legislativa inicial, la hipotética aprobación de una pieza que cree un nuevo instituto iría en contraposición de la reestructuración del Estado que el Gobierno lleva meses promoviendo con la fusión y supresión de entidades.
Fuente: Listin Diario