El doble terremoto, la tutela estadounidense y la sombra de María Corina Machado marcan medio año de la presidencia encargada
Delcy Rodríguez cumplió el viernes seis meses al frente de Venezuela. Lo hizo con 2.954 muertos confirmados por el doble terremoto del 24 de junio, y un número aún incierto de cuerpos descomponiéndose bajo los escombros. Hace tan solo dos semanas, la presidenta encargada llegaba a esta marca con la meta de que los ingresos del petróleo llegasen de una vez al bolsillo del venezolano —la única forma de mejorar su baja aprobación—, pero el sismo ha impuesto una urgencia que pone del revés cualquier balance. Rodríguez ya afrontaba el mayor desafío político de su carrera: dirigir un país quebrado de la mano de Estados Unidos, su eterno enemigo. Pero el terremoto, según un expolítico venezolano opositor, será su “respiro” o “el último clavo del ataúd”.
Rodríguez lleva seis meses pedaleando cuesta arriba. Su popularidad es mínima, pero aspiraba a mejorarla con una recuperación económica que depende de las licencias petroleras que Washington concede o retira a su antojo y del control de sus ingresos, también en manos de los estadounidenses. La gestión de la tragedia —que el Gobierno califica de eficiente y transparente— podría ser una oportunidad para reforzar su liderazgo, demostrar una buena gestión y apuntalar su relación con Estados Unidos, pero, de momento, los venezolanos están furiosos.
En La Guaira, la zona cero de la catástrofe, los vecinos se han sentido solos. Esperaron durante días la llegada de refuerzos o de maquinaria, faltó coordinación y sobraron uniformados sin hacer nada. “Les invito a que hablen también con las personas que están agradecidas”, conminó la presidenta a los periodistas.
La magnitud del desastre desborda cualquier cálculo político. Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, devastaron el litoral central del país. Un informe de la ONU calculó los daños físicos directos en 37.000 millones de dólares —24.000 millones en edificaciones y 13.000 millones en infraestructura—, casi el triple de la primera estimación. La Organización Mundial de la Salud alertó, además, del riesgo de brote de enfermedades por la insalubridad en los campamentos improvisados. Diez días después del primer sismo, los equipos de rescate internacionales empezaban a ceder terreno a las labores de recuperación y evaluación estructural. Muchos empiezan a replegarse.
La presidenta defendió el jueves en una rueda de prensa su celeridad en dar órdenes y tomar decisiones. Es probable que así haya sido, pero esas órdenes no siempre se tradujeron en el terreno como ella cree o como muestran los videos propagandísticos de su Gobierno. Venezuela y sus instituciones —vaciadas durante 27 años de chavismo— no estaban preparadas para una catástrofe de esta magnitud. En lugar de incidir en la dimensión de la tragedia y reconocer las limitaciones obvias en una circunstancia como esta, su entorno lleva días señalando el “sesgo” de los periodistas que le preguntaron en su comparecencia. “Lluvia de mentiras”, afirmó el ministro del Interior, Diosdado Cabello, exponiendo a los periodistas en sus redes.
La última encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News, con trabajo de campo entre el 26 y el 30 de junio, muestra que la desaprobación de Rodríguez subió a 63,3% en junio, casi cinco puntos más que en mayo, tras los sismos. Casi dos tercios de los consultados desaprobaron la gestión del Gobierno frente a la emergencia, y el 52,4% calificó la respuesta como “muy deficiente”. Durante la emergencia, los venezolanos confiaron más en actores no estatales que en las instituciones: médicos, bomberos, empresas privadas, ONG, grupos religiosos y la propia María Corina Machado, según la encuesta, contribuyeron más que el Gobierno, la policía o la propia Rodríguez.
“Este Gobierno está acabado”, mantiene una fuente con interlocución en Washington y en Caracas. “Pensaban seguir pedaleando hasta donde fuese, pero el terremoto ha desnudado a todo el mundo. Están desconectados de la realidad”.
El mandato de Rodríguez, coinciden los analistas, se puede leer en dos tiempos. Los primeros tres meses y el resto. En los primeros 90 días fue proactiva y tomó medidas de mucha visibilidad: cambió las leyes de hidrocarburos y minería, abrió la economía, volvieron instituciones internacionales como el FMI, impulsó una reforma judicial, sacó de la cárcel a presos políticos y aprobó una ley de amnistía. Rodríguez también dio la vuelta a su gabinete y fue apartando a los más fieles al madurismo. Estaba pasando página. Podría estar incluso liderando un proceso propio, aunque marcado por los Estados Unidos. “Ella iba más rápido de lo que éramos capaces de medir”, dice alguien dedicado, entre otras cosas, a analizar metodológicamente los avances de esta nueva era sin Maduro.
En los siguientes 90 días, sin embargo, la imagen se invirtió. “No había saltos significativos, la economía seguía sin mejorar”, resume el expolítico opositor. “Se bajó la fiebre de los tres meses”, añade, en referencia al entusiasmo inicial de sectores que esperaban una avalancha de inversión que nunca se materializó. En términos de transición política, la que le siguen reclamando los sectores de la oposición, apenas dio un paso: invitar a la opositora Dinorah Figuera a liderar las negociaciones que podrían desembocar en unas elecciones, sin fecha clara.
La tutela de Washington era otra de las grandes cuestiones de su Gobierno. Y, ahora, parece que no hay marcha atrás: el terremoto ha reforzado la intervención. Estados Unidos desplegó equipos de búsqueda y rescate y fue el propio Marco Rubio quien marcó las prioridades de la respuesta humanitaria. Cientos de marines están en suelo venezolano y han ocupado el aeropuerto de Maiquetía, la principal puerta del país, con la misión oficial de reconstruirlo.
“No se van a ir. Fracasaron en Irán, las elecciones de mitad del mandato van a ser un desastre… El único logro de Trump es Venezuela y necesitan que sea un éxito”, explica la fuente con interlocución en ambos equipos. “Los estadounidenses necesitan poner resultados encima de la mesa y los Rodríguez [en referencia a Delcy y su hermano Jorge] están entrampados en una realidad en la que entregaron la soberanía para mantenerse en el poder”.
Salvo algunos sectores duros del chavismo, nadie se atreve ahora a cuestionar la ayuda estadounidense, a pesar de que el malestar con Washington ya venía creciendo. La intervención sin disimulo de Donald Trump en asuntos internos y su claro objetivo de sacar provecho de los recursos del país mantenían en rebelión a los sectores más duros del chavismo y empezaban a incomodar a cada vez más gente. Mientras el republicano aseguraba que los venezolanos estaban bailando en las calles de alegría, estos, cada vez más empobrecidos, esperaban una avalancha de inversión que no estaba llegando a los bolsillos de los ciudadanos.
A la sombra de la reconstrucción se mueve, además, la incógnita de siempre: María Corina Machado. La líder opositora, que sigue en el exilio desde finales de 2025, ha intentado volver dos veces al país tras los terremotos, pero tanto el chavismo como Estados Unidos hicieron todo lo posible por impedírselo. Altos funcionarios de la Administración Trump calificaron sus intentos de regreso como un “oportunismo político grotesco” en plena emergencia humanitaria. Es la prueba más clara de que, seis meses después, Machado —la dirigente con mejor imagen del país, 53% positiva según la última encuesta— tampoco escapa de la tutela de Washington.
Hace medio año, Trump cumplía su amenaza e invadía Venezuela para llevarse a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Hacía tiempo que su círculo más cercano —incluyendo Delcy Rodríguez— venía advirtiéndole de que había que negociar, incluyendo su salida del poder, pero Maduro creía que lo de Estados Unidos era una bravuconada de su presidente.
Tras la operación, que, aunque quirúrgica, dejó cerca de 100 muertos, Rodríguez se vio sentada en Miraflores, bajo la amenaza de los estadounidenses de que si no colaboraba, ella sería la siguiente. Enseguida reconfiguró el núcleo duro de poder y se rodeó de su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y la persona en la que más confía. También del ministro del Interior, Diosdado Cabello, una figura en la mira de los estadounidenses, que pasó a colaborar —y a abrir su propia vía de comunicación— con ellos. A pesar de las desconfianzas del principio, Cabello, que guardaba las esencias del chavismo, ha acabado siendo la tercera pata de una silla que solo se sostiene si los tres se mantienen unidos.
Rodríguez ha sido parte del régimen chavista desde la época de Hugo Chávez, y en casi dos décadas ha ocupado prácticamente todos los puestos esenciales del aparato: ministra, canciller, presidenta de la Asamblea Constituyente y, desde 2018, vicepresidenta. En ese cargo tuvo bajo su mando el Sebin, la llamada policía política de Venezuela. Ella, sin embargo, es defendida por los suyos y también por parte de sus críticos como una de las dirigentes chavistas con más ánimo reformista y mucho menos dogmática y fanática que sus compañeros de filas, incluido el temido Diosdado Cabello, también todopoderoso en la época de Maduro.
La permanencia de Rodríguez fue una decisión de Estados Unidos, pero era la heredera natural —que no necesariamente legítima— mucho antes. Tras las elecciones de 2024, en las que Maduro se autoproclamó vencedor a pesar de los indicios de fraude, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ahora investigado en España por tráfico de influencias, propuso un plan para aplacar la crisis e insuflar ciertos aires de democracia a la autocracia. Entre las medidas que el expresidente sugirió estaba la de crear la figura de un primer ministro a cargo de la gobernabilidad, dejando al propio Maduro como jefe de Estado de carácter simbólico, similar a algunas monarquías europeas. De haberlo aceptado Maduro, Rodríguez era la señalada para ese puesto, según fuentes conocedoras de ese episodio. Pero no lo hizo.
Los 180 días de Delcy Rodríguez arrastran, además, un conflicto constitucional que nunca se resolvió. La noche del 3 de enero, horas después de la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia calificó lo ocurrido como una situación excepcional derivada del “secuestro” del presidente en una agresión militar extranjera. Con ese argumento evitó pronunciarse sobre si su ausencia constituye una falta temporal o una falta absoluta, pregunta que la Constitución sí exige responder y que obliga a convocar elecciones en 30 días si se declara lo segundo. Varios constitucionalistas venezolanos sostienen que el TSJ diseñó una figura híbrida, ajena al texto constitucional, para blindar la permanencia de Rodríguez sin abrir un proceso electoral. El terremoto, mientras tanto, ha paralizado esa urgencia jurídica, si es que alguna vez existió.
Fuente: EL PAIS