Escrito Por: Juan Ariel Jiménez
Para entender la reforma fiscal presentada recientemente por el Gobierno, primero debemos comprender qué está ocurriendo con los precios de los combustibles. Y para hacerlo es necesario aclarar una expresión que se repite con frecuencia: que el Gobierno está “subsidiando” la gasolina.
Según la última resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, por cada galón de gasolina prémium se cobran aproximadamente 102 pesos en impuestos, mientras que la gasolina regular paga alrededor de 91 pesos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda y Economía ha informado que actualmente se destinan 23 pesos por galón para contener el precio de la gasolina prémium y 38 pesos para la regular.
¿Qué significa esto en términos sencillos?
En el caso de estas dos gasolinas, no estamos ante un subsidio tradicional en el que el Estado vende por debajo del costo y aporta recursos adicionales. Lo que ocurre es que el Gobierno está dejando de cobrar una parte de los impuestos que normalmente recibiría.
En la gasolina prémium, el cobro neto de impuestos bajaría de 102 a aproximadamente 79 pesos por galón. En la gasolina regular, disminuiría de 91 a cerca de 53 pesos. Por tanto, sería más preciso hablar de una reducción temporal de la recaudación neta, no necesariamente de un subsidio en el sentido que la mayoría de la población entiende esa palabra. Esta diferencia resulta fundamental para comprender la reforma fiscal.
Según las estimaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda y Economía, el Gobierno esperaba recaudar alrededor de 90,000 millones de pesos durante el año por concepto de impuestos a los combustibles. Con el incremento de los precios internacionales del petróleo y la decisión de no transferirlo completamente a los consumidores, esa recaudación neta podría reducirse aproximadamente a la mitad.
Esto colocaría al Gobierno ante una brecha cercana a los 45,000 millones de pesos. Frente a esa situación, existen cuatro caminos posibles.
El primer camino: aumentar completamente los combustibles
La primera opción sería transferir todo el incremento internacional del petróleo a los precios internos. El Gobierno, correctamente, ha descartado este camino y ha optado por realizar ajustes parciales.
Esa es una decisión razonable.
Un aumento abrupto de los combustibles incrementaría el precio de todos los bienes y servicios que consumen las familias, deteriorando aún más el ya golpeado presupuesto familiar. Además, una mayor inflación podría obligar al Banco Central a aumentar las tasas de interés, lo cual agravaría la desaceleración que ya enfrenta nuestra economía.
El segundo camino: aumentar otros impuestos
La segunda alternativa consiste en compensar la disminución de los impuestos netos a los combustibles mediante nuevos ingresos tributarios.
Este es el camino escogido por el Gobierno.
No parece una coincidencia que la reforma busque recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos: una cantidad muy similar a la que se dejaría de recibir por los combustibles. En términos prácticos, se están sustituyendo unos impuestos por otros para evitar que el choque petrolero deteriore todavía más las cuentas públicas.
Como ocurre con toda reforma fiscal, el diablo está en los detalles.
La propuesta concentra una parte importante de la carga en grandes empresas, personas con ingresos elevados y las transacciones electrónicas. Esto procura que una proporción considerable del esfuerzo recaiga sobre los hombros de quienes poseen mayor capacidad de pago.
Sin embargo, también debemos reconocer una parte de este incremento puede ser transferida a los consumidores mediante precios más altos.
La reforma también contiene medidas positivas que deben ser reconocidas.
La eliminación del anticipo para las microempresas, el cambio del pago mensual al trimestral para pequeñas empresas y la ampliación de las facilidades para acogerse al régimen simplificado de tributación pueden mejorar la liquidez y reducir los costos de cumplimiento de las Mipymes.
También resulta favorable el aumento del monto de ingresos exento del impuesto sobre la renta. Según los cálculos presentados, esto representaría una reducción aproximada de 782 pesos mensuales para los trabajadores con salarios superiores a 40,000 pesos.
Por tanto, es justo reconocer que la reforma tiene luces y sombras: incorpora elementos de progresividad, ofrece cierto alivio a las Mipymes y beneficia parcialmente a trabajadores de ingresos medios. Pero también introduce nuevos costos en una economía debilitada y puede provocar aumentos indirectos de precios.
El tercer camino: financiar la diferencia con deuda
Una tercera alternativa sería cubrir la reducción de ingresos mediante mayor endeudamiento.
Este camino no sería conveniente porque aceleraría el ritmo de crecimiento de una deuda pública que ya está en niveles muy elevados. No obstante, también es válido resaltar que el gobierno mantiene cerca de 300,000 millones de pesos depositados en el sistema financiero sin darle uso alguno, por lo que en lugar de endeudarse el gobierno bien pudo usar dichos recursos (aunque en términos técnicos es prácticamente lo mismo, reducción de activos netos).
El cuarto camino: reducir el gasto improductivo
La cuarta alternativa —y, a mi juicio, la mejor— era acompañar la respuesta a la crisis con una reducción seria del gasto improductivo.
Esto habría permitido disminuir la necesidad de aumentar los combustibles, aprobar nuevos impuestos o contratar más deuda. Pero, sobre todo, habría enviado un mensaje de justicia a la población: antes de pedirle nuevos sacrificios a las familias y a las empresas, el Gobierno también está dispuesto a sacrificarse.
Lamentablemente, los datos oficiales no reflejan esa austeridad.
De acuerdo con las informaciones publicadas por la Dirección General de Presupuesto, la nómina pública ha aumentado alrededor de 3,180 millones de pesos mensuales desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. De mantenerse ese ritmo, el incremento anual superaría los 41,000 millones de pesos, una cantidad muy cercana a la recaudación esperada con la reforma.
También se observa un incremento importante en publicidad y promoción. Solo en mayo, el Gobierno central gastó alrededor de 1,111 millones de pesos, más del triple de lo registrado en febrero. Durante los primeros tres meses de la guerra, el gasto publicitario habría alcanzado aproximadamente 2,430 millones de pesos.
La partida de viáticos muestra una dinámica similar. En ese mismo período se habrían ejecutado cerca de 1,140 millones de pesos, casi el doble del promedio registrado al inicio del año.
El sacrificio debe comenzar por el Gobierno.
Los datos terminan imponiéndose sobre cualquier relato. El discurso oficial habla de contención y austeridad. Sin embargo, las cifras muestran un gasto que continúa creciendo en partidas que difícilmente pueden considerarse prioritarias en medio de una crisis.
El mensaje que recibe la ciudadanía es peligroso: todos debemos sacrificarnos, menos el Gobierno.
La reforma presentada tiene aspectos positivos que deben ser reconocidos y disposiciones que merecen ser corregidas durante el debate legislativo. Pero su mayor debilidad no se encuentra únicamente en los impuestos que crea, sino en la ausencia de un compromiso creíble de austeridad por parte del Estado.
El país necesita proteger a las familias del incremento internacional del petróleo. También necesita conservar la estabilidad fiscal y evitar un endeudamiento insostenible. Pero esos objetivos no pueden alcanzarse normalizando el despilfarro y enviando siempre la factura a los mismos ciudadanos.
En momentos difíciles, gobernar significa escoger prioridades. Significa proteger lo esencial y eliminar lo innecesario. Significa explicar con transparencia cada decisión y distribuir los sacrificios con justicia.
Y significa, sobre todo, que antes de pedirle al pueblo que se apriete el cinturón, el Gobierno debe dar el ejemplo y apretarse el suyo.
Fuente: Listín Diario