Analizamos cinco contratos de préstamos, aprobados por el Congreso Nacional y con el aval del Ministerio de Hacienda y el presidente de la República, con los cuales se buscó financiar proyectos que aportarían a la mejoría de la estructura vial.
Al menos dos mil millones de dólares ha tomado el país prestado en los últimos siete años para tratar de hacerle frente a los problemas que diariamente ofrece el tránsito en el país, con enfoque en las principales urbes.
Analizamos cinco contratos de préstamos, aprobados por el Congreso Nacional y con el aval del Ministerio de Hacienda y el presidente de la República, con los cuales se buscó financiar proyectos que aportarían a la mejoría de la estructura vial.
El primer contrato
En diciembre de 2019, el gobierno de Danilo Medina firmó un préstamo de US$250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero no era dinero libre: antes de recibirlo, el
Estado tenía que demostrar que había cumplido una lista de reformas derivadas de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
El BID exigía, entre otras cosas, que estuviera operando el Observatorio de Seguridad Vial, que funcionaran al menos cinco unidades de investigación de accidentes de tránsito bajo la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que el Intrant tuviera nuevas direcciones operativas y que existiera un plan para formalizar a los “concheros” como empresas. Reformas de fondo, no de forma.
El préstamo fue otorgado y según el contrato, se buscaba “apoyar la implementación de la Ley 63-17: crear el Observatorio de Seguridad Vial, formalizar operadores de transporte público, establecer unidades de investigación de accidentes de tránsito y fortalecer el Intrant con nuevas direcciones operativas”. En cuanto a los pagos, se amortiza hasta 2039 en cuotas semestrales.
Francia aporta
Diez meses después, en octubre de 2020, ya bajo el gobierno del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Hacienda firmó un convenio por otros US$250 millones con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). El préstamo financia el mismo programa que el del BID previamente había aprobado.
La tasa que negoció el gobierno con la AFD fue fija: 2.80% anual. En un mundo donde las tasas después se dispararon por la pandemia y otros acontecimientos mundiales, eso fue una condición favorable. En cuanto a los pagos van desde marzo de 2025 hasta septiembre de 2039.
El propósito del financiamiento era “cofinanciar» el mismo programa del BID: reforma de la movilidad urbana, transporte terrestre y seguridad vial. Los dos préstamos están coordinados y comparten la misma línea de políticas públicas.
Un detalle adicional es que el convenio está regido por derecho francés y cualquier disputa se resuelve en arbitraje en París. En francés.
La segunda ronda del BID
En octubre de 2022 llegó el tercer contrato: US$200 millones adicionales del BID, bajo el mismo programa pero con condiciones más ambiciosas. Esta vez el banco quería ver, antes del desembolso, al menos diez acciones implementadas del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, un reglamento de transporte escolar con perspectiva de género y accesibilidad universal, y avances concretos en electromovilidad.
Los préstamos del BID y la AFD no son simples líneas de crédito. Son acuerdos donde queda establecido que el gobierno se compromete a cambiar políticas públicas a cambio de financiamiento. Si el Estado no reforma, el banco puede suspender desembolsos o exigir pago anticipado, según lo estipulado en los contratos firmados.
El Metro de los Alcarrizos
El cuarto contrato fue diferente al resto ya mencionado. Esto debido a que buscaba financiar obras. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) prestó US$250 millones para construir la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, el tramo que conectará la zona oeste de la capital con el sistema existente.
El plazo de pago establecido en el contrato indica que son 20 años desde el primer desembolso, con cinco años de gracia. La tasa varía con el mercado: es el SOFR más 268 puntos básicos. Eso significa que si las tasas internacionales suben, la cuota sube.
El monorriel de Santiago
En julio de 2024, el Ministerio de Hacienda firmó el contrato más grande del grupo analizado.
BNP Paribas y Citibank, junto con el respaldo del gobierno francés a través de su agencia de crédito a la exportación (Bpifrance), pusieron sobre la mesa 464.9 millones de euros (unos 510 millones de dólares) para financiar el Monorriel de Santiago de los Caballeros.
Trece kilómetros de vía. Catorce estaciones. Veinte mil pasajeros por hora en horario pico. El constructor principal es Alstom Transport, empresa francesa que tiene el 73 por ciento (%) del consorcio. La tasa de interés es fija: 3.78% anual, garantizada por el gobierno francés.
Fuente: Listin Diario