La violencia, el déficit, el colapso de la salud y la corrupción esperan al ganador de las elecciones
En el Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, hace meses que hay mujeres pariendo en casa en pleno 2026. No es por falta de hospitales, sino por el miedo de salir a la carretera y quedar atrapadas en el fuego cruzado de dos guerrillas. Los bebés tardan meses en ser registrados, los campesinos temen pisar una mina y los niños se esconden al ver los drones que les sobrevuelan cargados de explosivos. Los que se quedaron no se aventuran y viven encerrados como en pandemia. Los que pudieron, huyeron y la región perdió en el último año cerca de 100.000 vecinos. “No somos parte de esta guerra, pero estamos en ella”, contaba a EL PAÍS un líder comunitario con miedo de que lo asesinen. Este domingo, Colombia celebra la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. Lo hace con esa guerra de fondo, y con otras tres heridas profundas que ningún candidato ha explicado del todo cómo va a cerrar.
Quien gane el 21 de junio —se espera una segunda vuelta— heredará un país con problemas estructurales que ningún presidente ha sido capaz de resolver. Según las encuestas, apenas tres candidatos tienen opciones reales y los tres han planteado soluciones muy distintas para los mismos problemas de siempre. Iván Cepeda, senador de izquierda, promete continuar con el legado social de Gustavo Petro. Paloma Valencia, senadora de derecha, quiere recuperar el conservadurismo del expresidente Álvaro Uribe. Y Abelardo de la Espriella, el abogado ultra, se presenta como el outsider que aspira a romper con todo.
“Quien gane las elecciones se encontrará con una Colombia muy diferente a la de 2022, en la que coexisten visiones completamente diferentes acerca de cuál es la mejor forma de mejorar la economía, las finanzas públicas, la seguridad y de cerrar las brechas de desigualdad”, afirma Víctor Aguilar, analista de Crisis Group para América Latina. “El próximo gobierno tendrá que demostrar una gran habilidad política para lograr acuerdos si quiere mantener la gobernabilidad, teniendo en cuenta que un amplio sector de la población no compartirá su visión”.
La violencia ha marcado esta campaña incluso antes de que comenzara. En junio de 2025, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay recibió un disparo a plena luz del día en una concentración en Bogotá y murió poco después. Los tres candidatos con opciones han denunciado amenazas de muerte. Y la MOE, una organización de observación electoral, alertó que 386 municipios —algo más de un tercio del país— enfrentan riesgo de violencia política antes del 31 de mayo.
Preocupa la delincuencia común en las capitales, pero sobre todo el alarmante control territorial de los grupos armados que en la última década han ocupado los espacios que dejaron las FARC tras el Acuerdo de Paz. En los cinco primeros meses de 2026, Colombia registró 54 masacres y 233 víctimas mortales, mientras crecen las filas de los grupos de narcos, guerrilleros o paramilitares, en muchos casos integradas por menores de edad.
La política insignia de Petro de negociar simultáneamente con todos los grupos armados no solo no los desmovilizó, sino que tampoco ha frenado la expansión de su control territorial. Una encuesta de febrero reveló que más de la mitad de los colombianos se sentía menos segura por esas negociaciones. Muchas comunidades viven hoy bajo extorsión, reclutamiento forzado y secuestro.
Qué hacer con eso divide radicalmente a los candidatos. De la Espriella promete un plan de choque de 90 días: ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel, erradicación forzada de coca y diez megacárceles de máxima seguridad financiadas con capital privado, al estilo Bukele en El Salvador. Valencia propone revivir las políticas de su mentor Uribe, cuyo mandato estuvo marcado por las derrotas de las FARC y el poderío y las masacres de los paramilitares. Cepeda apuesta por seguir dialogando con condiciones y, sobre todo, dar las oportunidades para que el crimen no sea la mejor opción para muchos jóvenes del país.
Tras la violencia, el bolsillo es otra de las grandes preocupaciones de los colombianos. Las finanzas públicas enfrentan un déficit de hasta el 7% del PIB y una deuda neta que roza el 58%, su nivel más alto en dos décadas. Se gasta más de lo que se tiene y el nuevo presidente tendrá que corregirlo con ingresos que aún no existen, con recortes que van a doler, o con ambas cosas. La economía crece —hasta el 3% en 2026—, pero más de la mitad de los colombianos que trabajan lo siguen haciendo en la informalidad: sin contrato, sin seguridad social, sin red de protección.
Las élites económicas del país son inflexibles contra las políticas de Petro y sienten pavor ante el ascenso de Cepeda, pero el presidente acumula algunos logros que han favorecido a los más olvidados: la pobreza multidimensional cayó un 23% en los últimos cuatro años, el desempleo llegó a su nivel más bajo desde 2001 y el salario mínimo subió un 23% en enero, el mayor incremento del siglo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un colombiano del 10% más pobre tarda diez generaciones en alcanzar un ingreso medio y Petro ha intentado acortar ese camino.
“El próximo gobierno heredará serios desafíos económicos”, explica Paola James Santamaria, coautora del último informe del Center for Economic Research sobre Colombia. “El crecimiento se ha visto limitado por la débil inversión, las altas tasas de interés y el reducido margen fiscal, mientras que los problemas sociales del país todavía requieren inversión pública sostenida”. El dilema, dice, será cómo enfrentar la desigualdad sin ignorar las presiones fiscales. “El debate no debería centrarse únicamente en recortar el gasto, sino también en cómo aumentar los ingresos y sostener los avances sociales de manera económicamente viable”.
El 13 de febrero de 2026 murió en Bogotá Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia severa. Kevin necesitaba el medicamento que le permitía coagular la sangre cada 28 días, pero la empresa que gestionaba su atención médica dejó de suministrárselo en diciembre. Y cuando el niño se cayó de una bicicleta y sufrió una hemorragia intracraneal, el sistema no respondió a tiempo.
La reacción del presidente Petro, en su Consejo de Ministros televisado, fue culpar indirectamente a la madre —“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”, dijo—, pero su muerte fue un recordatorio de que el sistema de salud colombiano, que fue durante décadas un modelo de referencia en América Latina, está al borde del colapso.
Desde los años noventa, Colombia delegó la gestión de la salud pública en empresas privadas o públicas que reciben dinero del Estado y lo distribuyen entre médicos, hospitales y medicamentos. Pero las llamadas EPS hoy acumulan deudas de 25,7 billones de pesos (7.000 millones de dólares) con hospitales y clínicas. El resultado es escasez de tratamientos, drogas que no llegan y listas de espera de meses. Petro insiste en que el problema principal es la corrupción de los privados que manejan recursos públicos, por lo que se debe reforzar el papel del Estado, y ha desfinanciado el sistema con el argumento de que darles más dinero implicaría un robo mayor. También intentó reformar el sistema con una ley que el Congreso bloqueó.
Colombia llega a estas elecciones con el peor índice de percepción de corrupción de la última década, pero en esta campaña casi nadie habla de ella. Petro llegó al poder enarbolando la lucha contra los corruptos, que él atribuía a la derecha tradicional, y termina su mandato con dos exministros en prisión, acusados de liderar una organización criminal que habría desviado más de 612.000 millones de pesos (168 millones de dólares) para pagar sobornos a congresistas a cambio de respaldo legislativo.
Un caso de 2017, el del llamado cartel de la Toga, ilustra la paradoja de antes y ahora: el fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fue condenado por corrupción. Ese mismo Moreno defiende hoy a los implicados en el escándalo del gobierno Petro.
Fuente: EL PAIS