Escrito Por: Leonel Fernández
De conformidad con el Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de marzo de este año, 2026, de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), el gasto de capital, que es el que se destina a los proyectos de desarrollo de infraestructura, experimentó una caída de 42.7%.
De manera explícita, ese gasto pasó de 18,135 millones de pesos en marzo del 2025, a tan solo 10,387 millones, lo que representa una disminución de 7,748 millones de pesos. Lo mismo ha venido ocurriendo en los primeros tres meses de este año.
Durante la actual gestión de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el gasto público ha crecido en 87.5%, más del doble de la inflación que ha sido de 38.7%. La pregunta sería: ¿en qué se han gastado tantos recursos?
De manera simple se podría decir que de cada 100 pesos que ha gastado el actual gobierno, 86 pesos, en promedio, han sido para gasto corriente; y tan solo 14 pesos para gasto de capital, el nivel más bajo de casi un siglo en la historia económica de la República Dominicana.
Los gastos corrientes se han disparado hasta superar la cifra de un trillón de millones cuatrocientos siete mil millones de pesos, o sea, más de un millón de millones de pesos durante la actual administración pública.
Mientras eso ocurre con respecto al gasto corriente, el gasto de capital ha permanecido rezagado, limitado en 215,300 millones de pesos; y para el Presupuesto General del Estado de este año, ya el gasto corriente era 6.5 veces mayor que el gasto de capital.
A pesar de esa situación, de por sí preocupante, ahora resulta que en su política de austeridad, el gobierno, en lugar de disminuir el gasto corriente, lo que hace es, al revés, reducir más el gasto de capital.
Con eso, por supuesto, se paralizan muchas de las obras en curso, al tiempo de incumplirse con los pagos correspondientes a la ejecución de varias obras en fase de construcción.
El destino del gasto corriente
La característica distintiva de la actual gestión gubernativa con respecto al gasto público ha sido que mientras prevalece una tendencia al aumento del gasto corriente, tanto en términos absolutos, como con relación al PIB, ocurre todo lo contrario con relación al gasto de capital.
Por ejemplo, durante los años 2004-2012, los gastos corrientes fueron equivalentes al 12.3% del PIB, mientras el gasto de capital fue de 4%. Por el contrario, desde el 2020 al 2025, el gasto corriente ha aumentado a 16.4% del PIB; y en cambio, el gasto de capital se ha reducido a tan solo 2.5%, con tendencia a bajar aún más, debido a los recortes en el actual presupuesto del 2026.
Para poner en contexto esa situación, hay que tomar en cuenta que desde el 2020 al 2025 ha habido un aumento de más de 123 mil empleados públicos, lo que en términos porcentuales implica un incremento de 19%.
Al aumentar el número de empleados, lógicamente también sube el gasto en salarios; y en tal sentido, en los últimos cinco años el monto de pagos por remuneraciones y contribuciones ha crecido en más de 161 mil millones de pesos, para un 43%.
En el año 2020 la contratación de servicios, esto es, los pagos realizados por el gobierno central para servicios básicos, publicidad, impresión, encuadernación, viáticos, alquileres y rentas, ascendió a la suma de 69,380 millones de pesos.
Cinco años después había subido a más de 113 mil millones de pesos, para una variación de 43,620 millones, una suma sustancial que revela el dispendio llevado a cabo por la actual gestión de gobierno del PRM.
¿Por qué razón, si el gobierno se ha propuesto una política de austeridad frente al impacto de la crisis ocasionada por el conflicto de Medio Oriente, en lugar de disminuir el gasto de capital, no lo hace, más bien, con respecto a los gastos superfluos de contratación de servicios?
En realidad, es un enigma. No está claro por qué el gobierno opera de esa manera. Se comprende que la inversión en desarrollo de infraestructuras, para cualquier gobierno, debería ser una prioridad, ya que constituye uno de los principales motores de crecimiento económico y desarrollo nacional.
Deuda y apagones
El tema de la deuda pública representa otro aspecto crucial en la composición del gasto del Estado dominicano. En diciembre del 2020 la deuda pública consolidada era de aproximadamente 53 mil millones de dólares.
Ahora, a febrero del 2026, dicha deuda pública ha llegado a 80,670 millones de dólares. Por supuesto, ese rápido endeudamiento ha generado un crecimiento del pago de intereses de tal magnitud, que se ha convertido en la partida de mayor crecimiento en el presupuesto y la segunda de mayor ponderación.
En el 2020 el pago de intereses del gobierno central alcanzaba la cifra de casi 162 mil millones de pesos. En la actualidad, en el 2026 se proyecta a más de 324 mil millones. Eso significa que en tan solo cinco años, durante el actual gobierno del PRM, el incremento del pago de los intereses se duplicó, o sea, aumentó en 100%.
En cuanto al sector eléctrico, ocurre la gran paradoja. Mientras más recursos transfiere el gobierno al sector, mayores son sus pérdidas. Entre 2020 y 2025, las transferencias corrientes a las empresas distribuidoras crecieron de manera galopante.
En el 2020 se transfirieron 483.7 millones de dólares. Cinco años después alcanzaba la astronómica suma de 1,665.2 millones de dólares. Eso significa una diferencia de 1,181.5 millones de dólares, para un incremento de 244%. ¡Increíble!
El fracaso no ha podido ser mayor. En materia de energía eléctrica, el gobierno del PRM representa una catástrofe nacional. Nunca tanto recurso había sido despilfarrado en el servicio eléctrico nacional, con el solo y único propósito de coronarse como el campeón de apagones de todos los tiempos.
De igual manera, nunca como ahora el gasto público había sido distribuido de manera tan incoherente y desatinada.
Fuente: Listin Diario