Escrito Por: Pablo McKinney
Ignorar tal reclamo, hubiese sido sordera que roza una necedad muy cercana al suicidio.
Es cierto que el ministro de la cosa, Joel Santos, había anunciado que la decisión final sería técnica, pero tampoco es mentira que hacerse el harakiri es cosa de japoneses. Precisamente, sobre este asunto de la minería, es tiempo de que el Estado agilice procesos y evite que su lentitud e indecisión se conviertan en reclamos sociales donde caben todos: desde ejemplares y responsables ciudadanos preocupados por la Pachamama, hasta tontos útiles, oportunistas de todo, chantajistas de oficio, extorsionadores de profesión, y más de uno que necesita apoyarse en cualquier reclamo social -válido o no- para masajear su ego interminable. Entre los primeros, destaco siempre a la banileja Yvonne Arias, y a un Eleuterio Martínez que fue la primera persona que me habló de medio ambiente, ecología y sostenibilidad ambiental en mis lejanos años agronómicos en Santiago.
El trauma de los dominicanos por la histórica irresponsabilidad de todos los gobiernos que en los últimos sesenta años gobierno han sido, más los desastres del llamado “pasivo ambiental”, hicieron socialmente inviable el proyecto de San Juan, por lo menos en este momento. La Gold Quest no tomó en cuenta la frustración que para los dominicanos fueron la ALCOA, La Rosario o la FALCONBRIDGE.
La minera, a la que los respectivos gobiernos le habían otorgado concesiones de exploración en 2005 y reiteradas en 2010, así como renovaciones y autorizaciones de estudios técnicos en 2015 y 2018, (la indecisión estatal es cosa vieja) se durmió en esos laureles y descuidó la importancia de la licencia social, que es vinculante. Además, no tomó en cuenta el oportunista pero compresible cínico interés político electoral de una oposición que, siendo gobierno, con sus concesiones, renovaciones, autorizaciones de estudios técnicos y otros versos, apoyó -también indecisa- el proyecto
Ahora queda aumentar la eficiencia del Estado en el asunto, y su agilidad en todo lo que significa PERMISOLOGÍA para que, aplicando los mandatos de la Constitución (Art. 17, 66 y 67) y las leyes correspondientes (64-00, 146-71) se atreva a autorizar los proyectos que garanticen “la sostenibilidad y restauración de ecosistemas en la actividad minera”, beneficien al país. En fin, solo se trata de gobernar con la Constitución en la mano, ya dije, para hacer lo correcto y conveniente para el sagrado interés nacional. Después, si quiere, que entre el mar.