Escrito Por: Andrés Dauhajre Hijo
En los últimos días hemos asistido a un debate sobre la existencia o no del plan. Nos referimos al plan de la presente administración para hacer frente al choque de oferta provocado por la Guerra del Golfo Pérsico. “Yo me acabo de reunir con una comisión y no tienen un plan concreto de cómo van a manejar la crisis. Yo no he escuchado ninguna medida, yo no conozco el plan que tiene el Gobierno, para enfrentar esta crisis”. Eso respondió el expresidente Danilo Medina luego de reunirse el pasado 10 de abril con la comisión gubernamental. “Planes específicos, no creo que vinieron en esa actitud, simplemente a intercambiar. Hoy era simplemente un intercambio de opiniones, un intercambio de ideas”. Esa fue la referencia que hizo el expresidente Leonel Fernández luego de la cordial visita que recibió el pasado miércoles 15 de abril.
El Gobierno del presidente Abinader ha informado que independientemente del plan que se diseñe, este deberá sostenerse sobre tres pilares: primero, mantener la estabilidad macroeconómica, fiscal y social, mediante el fortalecimiento de los programas sociales y la protección de los sectores más vulnerables; segundo, evitar el aumento de los precios de los productos básicos que consume la población; y tercero, sostener la inversión pública como motor del crecimiento económico. El objetivo es garantizar que la crisis provocada por el choque de oferta generado por la Guerra del Golfo Pérsico tenga el menor impacto posible en la vida cotidiana de los dominicanos. En otras palabras, el Gobierno desea elaborar un plan que impida el empobrecimiento general de la población que produce un deterioro de los términos de intercambio del país (precio de los bienes que exportamos/precios de los bienes que importamos).
Durante las primeras siete semanas de la guerra entre Israel, EE. UU. e Irán que se inició el pasado 28 de febrero, el precio de los contratos de provisión de petróleo ha exhibido un aumento considerable, salpicado de bajas pronunciadas cuando el mercado procesa informaciones sobre negociaciones para poner fin al conflicto. Al 7 de abril, por ejemplo, había aumentado en 94% con relación al precio de cierre a final de 2025. Al 19 de abril, sin embargo, el incremento había descendido a 42%. Si finalmente el conflicto termina, se prevé que el precio podría seguir descendiendo siempre y cuando el daño infligido a la infraestructura petrolera de la región no dé lugar a un desbalance significativo entre la oferta y la demanda mundial de petróleo. Hasta ahora, el Gobierno dominicano ha realizado tres ajustes a los precios de los combustibles que suman RD$24 para la gasolina premium y el gasoil óptimo y RD$22 para la gasolina y el gasoil regular. El “pass-through” del aumento internacional a los precios internos ha sido inferior al requerido. Para la semana del 11 a 17 de abril, el traspaso del alza del precio internacional del petróleo y sus derivados pendiente de realizar era de RD$32.08 para la gasolina Premium, RD$40.06 para la gasolina regular, RD$111.70 para el gasoil óptimo y RD$118.97 para el gasoil regular. Si los precios siguen bajando esta semana, el ajuste remanente sería menor.
El Gobierno ha enviado señales que apuntarían al inicio de un nuevo período de congelamiento de los precios de los combustibles. Aparentemente, las autoridades temen que más ajustes de precios desencadenen aumentos de los precios de los productos básicos que consume la población, algo que el Gobierno desea evitar a toda costa. Desconocemos el porqué, teniendo el gobierno programas focalizados como Bonogás Hogar, Bonogás Chofer, Bono Luz y el Diesel Subsidiado a Transportistas, no contempló la posibilidad de intensificar estos programas como alternativa al congelamiento de precios que converge a un subsidio generalizado. Estamos seguros que el equipo económico del gobierno sabe que la suspensión del traspaso del alza de los precios internacionales a los precios internos impediría que el ajuste de precios promueva la reducción de la demanda que contribuiría a moderar el aumento del déficit de la balanza comercial del país. Dado que el Gobierno mantiene actualmente depósitos gigantescos en el Banco de Reservas y Banco Central (cerca de RD$400,000 millones al 31 de marzo pasado) y que el Banco Central exhibía reservas internacionales netas por US$16,071 millones al 13 de abril, no hay dudas de que el país dispone de un colchón considerable para absorber el costo del congelamiento de precios de los combustibles. En otras palabras, depósitos del Gobierno y reservas del Banco Central que se han nutrido con colocaciones de bonos soberanos globales y domésticos, se utilizarían para que la población no tenga que soportar mayores precios de los combustibles. Si el Gobierno escoge este curso de acción, recomendamos que no lo escriba en el Plan Estratégico que están elaborando. La reacción de los tenedores de bonos soberanos globales dominicanos podría ser compatible con la expresión “Time to drop Dominican Republic”.
Esta estrategia, además de generar un deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos más grave que el que se produciría si el Gobierno accediese a ajustar los precios de los combustibles, provocaría un deterioro de las finanzas públicas. Si el Gobierno opta por mantener el nivel presupuestado de la inversión pública, tendría tres opciones. En primer lugar, modificar algunas figuras tributarias con el objetivo de elevar las recaudaciones. En segundo lugar, someter un presupuesto complementario para aumentar el déficit fiscal y financiar este aumento de la brecha fiscal con más endeudamiento interno y/o externo. La última alternativa sería la racionalización de la política de subsidios sociales, la eliminación de gastos corrientes improductivos o injustificados, y la reducción de gastos corrientes que, gracias a su abultamiento sin precedentes, han alcanzado niveles definitivamente históricos.
Entre las tres opciones, la mayoría de la población, sin lugar a dudas, aplaudiría al Gobierno si adopta la última. Según las estimaciones del MHyE, a final de 2025 teníamos 626,305 hogares pobres en el país. A marzo de 2026, sin embargo, 1,439,398 hogares estaban recibiendo el subsidio otorgado bajo el programa Supérate, lo que refleja la existencia de 813,093 hogares no pobres que están recibiendo el subsidio de Supérate sin reunir las características requeridas para recibirlo. Dado que el Gobierno, en situaciones críticas como las que enfrenta la nación, debe dirigir los subsidios sólo a quienes lo necesitan, si ajusta los beneficiarios de Supérate al número de los hogares pobres que el MHyE registra como pobres, el ahorro de recursos sería de RD$17,319 millones. Si a esto sumamos el ahorro fiscal de RD$5,500 millones que produciría la eliminación de 1,421,690 beneficiarios que no reúnen las características para estar registrados en el Régimen Subsidiado que administra el SeNaSa y cuya cápita es pagada en un 100% por el Gobierno, el ahorro cerca de RD$6,000 millones anuales en “pensiones especiales” otorgadas a personas que nunca laboraron en el Estado dominicano y reducimos el gasto de promoción y publicidad del Gobierno en RD$9,000 millones, tendríamos un ahorro total de RD$37,819 millones. Solo faltaría que alguien en el Gobierno se ponga los pantalones e invite a Pueblo Viejo Dominicana Corporation para acordar el plan de pago de los impuestos dejados de pagar entre 2017 y 2025, ascendentes a US$1,113 millones (cerca de RD$67,000 millones) y acordar una nueva tabla del Impuesto Mínimo Anual (IMA) para 2026-2028 que tenga en cuenta que el precio promedio del oro durante el primer trimestre de 2026 ha sido de US$4,876/oz. Con el destino de estos impuestos dejados de cobrar por el Estado y la migración de recursos fiscales desde el gasto corriente improductivo, injustificado y dispendioso hacia la inversión pública, la nación podría recuperar una parte considerable del terreno perdido en la geografía del crecimiento económico.
Fuente: el Caribe